El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva de seguridad nacional que autoriza a empresas privadas seleccionadas a realizar contraataques cibernéticos contra grupos criminales extranjeros.
Esta medida busca utilizar la capacidad e ingenio del sector privado para frenar flagelos en línea como el robo de datos y las estafas financieras globales que generan pérdidas multimillonarias cada año.
El acuerdo rompe con décadas de doctrina de ciberseguridad en EU, la cual le daba prioridad a las defensas corporativas y restringía los ciberataques ofensivos exclusivamente al Ejército y a las agencias de inteligencia como la NSA o el Cibercomando. Con esta norma, compañías privadas debidamente filtradas podrán espiar, interrumpir, manipular o destruir infraestructuras digitales de redes transnacionales bajo la supervisión del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
🇺🇸💻 Trump has authorized U.S. security forces to conduct cyber operations against foreign criminal groups — White House.
— Military Summary (@MilitarySummary) August 14, 2026
▪️ New program allows federal agencies + private companies to use cyber tools
▪️ Target: groups outside the U.S. that attack Americans pic.twitter.com/EAg2pnuvW6
Tendrán filtros muy exigentes
A pesar de autorizar el conocido concepto de "hack back" (responder a un ataque hackeando al agresor), la Casa Blanca aclaró que no se tratará de una ciberguerra abierta o sin regulación. Las empresas interesadas deberán cumplir con rigurosos requisitos legales antes de ejecutar cualquier contraofensiva:
Cada operación requerirá la autorización explícita y por escrito de funcionarios del Departamento de Justicia y del DHS. Quedan estrictamente prohibidos los ataques cibernéticos que pongan en riesgo vidas humanas, causen lesiones graves o equivalgan a un ataque armado según el derecho internacional. Las compañías firmarán contratos con el gobierno federal que incluyen multas de hasta $1 millón de dólares en caso de violar los límites operativos autorizados. El memorando incluye un anexo confidencial para coordinar los ciberataques privados con las operaciones encubiertas de las agencias de inteligencia estadounidenses y evitar interferencias mutuas.
Hay un riesgo grave de cometer errores
La medida ha generado una intensa controversia entre antiguos mandos de inteligencia y analistas de ciberseguridad. Diversos expertos señalan que determinar la autoría exacta de un ciberataque (atribución) es un proceso sumamente complejo en el que incluso las agencias gubernamentales suelen cometer errores. Además, existe una línea muy delgada entre los ciberdelincuentes independientes y los piratas informáticos que trabajan bajo el amparo o dirección secreta de gobiernos como Rusia o China.
Analistas del sector destacan que este nuevo marco acerca la estrategia de Washington a la de sus principales rivales geopolíticos. Países como China y Rusia han utilizado durante años a hackers del sector privado como contratistas para misiones de seguridad nacional, obteniendo margen de denegación plausible. Para las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, asumir este rol ofensivo implicará gestionar un nivel inédito de riesgo operacional y legal frente a posibles represalias cibernéticas de mayor escala.