La noche del domingo 11 de octubre, Jorge Guerrero García, exalcalde priista de Otatitlán y conocido empresario de la Cuenca del Papaloapan, fue ejecutado a balazos en un ataque directo perpetrado por un grupo armado al interior de su propio restaurante, ubicado en las inmediaciones del río Papaloapan. El exfuncionario, quien gobernó dicho municipio en el periodo 2014-2017 y volvió a contender por la alcaldía en los comicios de 2025, fue sorprendido por los gatilleros frente a clientes y trabajadores, sin que hasta el momento la Fiscalía General del Estado haya reportado detenidos ni precisado el móvil del homicidio.
El asesinato de Guerrero García representa el segundo atentado mortal contra figuras políticas en territorio veracruzano a tan solo un mes de que arrancara formalmente el proceso electoral. Apenas el pasado 23 de septiembre, Guillermo Pamucé Yep, exregidor de Jáltipan y coordinador del partido PAZ, fue acribillado de más de 10 impactos de bala en Coatzacoalcos.
Estos ataques confirman las constantes advertencias emitidas por los partidos políticos sobre la peligrosa intromisión del crimen organizado en los municipios de la entidad, donde la disputa por el control territorial vuelve a cobrarse la vida de liderazgos locales.
Asesinan a balazos a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán, dentro de su propio restaurante
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 12, 2026
El exedil priista fue atacado por un grupo armado cerca del río Papaloapan
Van dos políticos asesinados en Veracruz a un mes de iniciar el proceso electoral pic.twitter.com/C1z5rxGg2U
La sombra del crimen organizado amenaza las elecciones de 2027
A nivel nacional, el homicidio de Jorge Guerrero refleja una preocupante crisis de violencia política que no da tregua y que amenaza con empañar las elecciones intermedias de 2027. Reportes de consultoras especializadas en seguridad advierten que los grupos delictivos han intensificado las agresiones, ejecuciones y coacciones contra aspirantes y exfuncionarios para imponer candidaturas, controlar las estructuras municipales y asegurar la impunidad de sus operaciones financieras.
Con el sangriento antecedente del pasado proceso federal y la escalada de agresiones registradas durante las últimas semanas, la inacción de las autoridades federales y locales deja al descubierto la vulnerabilidad con la que candidatos y líderes comunitarios deberán recorrer las calles en busca del voto ciudadano.