El futuro de 563 personas condenadas a muerte en California podría cambiar si el gobernador Gavin Newsom decide concederles el perdón.
Una semana después de la ejecución fallida de Christa Pike, el gobernante habría comenzado a analizar esa posibilidad con integrantes de su equipo cercano, en una iniciativa que podría modificar la situación de una cuarta parte de los presos que esperan ser ejecutados en Estados Unidos.
Gobernador de California perdonaría a más de 500 sentenciados
De acuerdo a medios estadounidenses, Gavin Newsom debatió con sus principales asesores la posibilidad de conceder el perdón a 563 condenados a muerte en el estado de California.
Hasta el momento, no se ha confirmado que el gobernador haya autorizado un indulto colectivo ni que exista una decisión definitiva.
La pena de muerte continúa contemplada en las leyes estatales, pero su aplicación permanece suspendida desde 2006, cuando se realizó la última ejecución, durante el gobierno de Arnold Schwarzenegger.
#LoÚltimo | Christa Pike se levanta y ya camina en el hospital tras fallida ejecución. https://t.co/N6eIYNjbMD https://t.co/Ur3NbrJVlf
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026
Aún no se reanudan las ejecuciones en California
Tres años después de asumir la gubernatura, Gavin Newsom anunció una moratoria que detuvo las ejecuciones y frenó los planes para establecer un nuevo protocolo de inyección letal.
Aunque permitió que los tribunales siguieran dictando sentencias capitales, el mandatario dejó claro que no se reanudarían los procedimientos mientras permaneciera al frente del estado.
La administración también modificó la forma en que estos reclusos permanecían encarcelados, pues en 2022 comenzó el traslado de quienes ocupaban el corredor de la muerte de San Quintín hacia otras prisiones, donde fueron alojados junto con la población penitenciaria general.
Si Gavin Newsom concreta un perdón para los condenados, la medida iría más allá de la suspensión vigente, pues no solo mantendría detenidas las ejecuciones, sino que modificaría la situación legal de los beneficiarios.