Cárteles mexicanos intercambian armas por cocaína en Colombia

Los cárteles mexicanos de la droga parecen estar enviando armas de alto poder a Colombia para pagar los cargamentos de cocaína, un comercio que, según las autoridades del país sudamericano, está alimentando la lucha mortal entre grupos rivales locales por el control del narcotráfico y de sus rutas.

Una docena de funcionarios policiales colombianos que participan en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales implicados en el tráfico de cocaína declararon a Reuters que ametralladoras, fusiles de asalto y pistolas semiautomáticas están llegando al país sudamericano.

Entre las armas que aparecen en los arsenales confiscados a los traficantes se encuentra la pistola FN Five-seveN de fabricación belga, denominada “mata policías”, un arma calibre 5,7 con capacidad para penetrar chalecos antibalas.

La mayoría de las 1.478 armas de largo alcance confiscadas a los grupos armados ilegales colombianos en 2020 y 2021 fueron fabricadas en el extranjero e importadas clandestinamente por las mismas rutas de contrabando usadas para sacar los embarques de cocaína, aseguraron las fuentes militares y de la policía.

Los cárteles mexicanos de narcotraficantes tienen fácil acceso a armas compradas en Estados Unidos y relaciones comerciales de largo plazo con grupos armados colombianos, a los que les han comprado cocaína durante décadas, según las autoridades locales.

Pero ahora, los emisarios de los cárteles mexicanos pagan cada vez más los envíos de cocaína con armas, de acuerdo con la policía, en parte para evitar mover grandes cantidades de efectivo a través de las fronteras.

El poder de fuego de las armas suministradas por los cárteles mexicanos tiene implicaciones potencialmente negativas para la seguridad de Colombia.

Las armas en poder de los grupos armados ilegales ponen en riesgo a las Fuerzas Armadas y podrían complicar aún más la implementación de un acuerdo de paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El año pasado 148 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron asesinados en Colombia, la cifra más alta en seis años y un 57,4% más que en 2020, según estadísticas del Ministerio de Defensa.

“En el futuro, eso podría tener serias implicaciones, como un aumento de las hostilidades”, aseguró el funcionario, quien advirtió que los grupos armados pueden usar las armas no solo contra las Fuerzas Armadas, sino también en las violentas batallas entre ellos.

La agencia autorizó a la persona a hablar con Reuters con la condición de no ser identificada.

La policía colombiana dice que mantiene un diálogo permanente con sus homólogos estadounidenses y mexicanos para tratar de impedir que las armas lleguen a las manos de los narcotraficantes.

La batalla por el control del narcotráfico en Colombia la disputan exmiembros de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, guerrilleros del aún activo Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos criminales, incluido el Clan del Golfo, considerado como el cartel más grande del país sudamericano.

Todos estos grupos ilegales están implicados en el conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado más de 260 mil muertos y millones de desplazados, según estadísticas oficiales.

Aunque los disidentes de las FARC y el ELN comparten algunos de los mismos ideales revolucionarios y ocasionalmente sea liaron contra el Estado durante el apogeo del conflicto interno, ahora luchan regularmente entre sí y con bandas criminales para dominar las lucrativas rutas del narcotráfico, aseguraron funcionarios de seguridad.

La ofensiva de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra estos grupos está dejando al descubierto las poderosas armas con las que cuentan.

A mediados de diciembre del año pasado, el Ejército de Colombia lanzó una operación contra disidentes de las FARC en el departamento de Nariño, una importante región productora de hoja coca y de cocaína en el suroeste del país.

El ejército reportó la captura en medio de la espesa selva verde de 16 personas y el decomiso de armas que incluían 24fusiles de asalto M16 y AR-15 de fabricación estadounidense.

Otro arsenal similar se confiscó en 2019 en un campamento delas disidencias de las FARC en el selvático departamento del Caquetá, en el sur del país.

Doce fusiles de asalto, incluidos M4 y M16, una ametralladora M60 y un fusil AR-15 con mira telescópica para uso de un francotirador se encontraron en el campamento después de un bombardeo, de acuerdo con el ejército.

Pagar a los proveedores de cocaína con armas, en lugar de dinero en efectivo, ayuda a los cárteles mexicanos a lavar las ganancias y a mover el dinero con mayor facilidad, dijo el general Fernando Murillo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.

Hasta la década de 1990, las guerrillas colombianas y los paramilitares de derecha usaban en gran medida fusiles AK-47 de fabricación rusa que quedaron de las guerras en América Central, según oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

A medida que el narcotráfico se expandió y se volvió más lucrativo, los grupos armados se actualizaron a nuevos AK-47, M16 y AR-15 de fabricación estadounidense, así como a fusiles de asalto Tavor de fabricación israelí, dijeron funcionarios policiales.

Mientras que algunas armas cuestan tan solo 500 dólares en Colombia, las ametralladoras pueden alcanzar un precio de hasta 5,000 dólares, aseguraron las fuentes.

Los líderes de la Segunda Marquetalia, un grupo de disidentes de las FARC, aparecieron en 2019 en un video de YouTube armados con fusiles de asalto Tavor probablemente suministrados por carteles mexicanos, según la policía.

La DEA estima que los grupos criminales colombianos ganan unos 10.000 millones de dólares anualmente por narcotráfico.

El tráfico de armas hacia el sur se realiza en momentos en que departamentos colombianos como Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, así como Nariño y Cauca en la costa del Pacífico, reportan aumentos en la producción de hoja de coca y de la violencia asociada a los grupos armados, pese a los esfuerzos del presidente Iván Duque, apoyado por Estados Unidos, para reducir la producción de cocaína.

Solo el Clan del Golfo movía en su apogeo unas 20 toneladas de cocaína al mes para sus clientes, incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco, según la policía colombiana, que dice que los aliados de ese grupo en la ciudad de Medellín han usado la pistola FN Five-seveN en disputas internas.

Es posible que algunas armas suministradas por los cárteles mexicanos ingresen a Colombia a través de Venezuela, aseguran funcionarios de la policía y el ejército.

Líderes disidentes como Iván Márquez, que dirige la Segunda Marquetalia, se reúnen en Venezuela con emisarios de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, dijo a Reuters el general Vargas, director de la Policía Nacional.

Colombia acusa desde hace tiempo al Gobierno de Venezuela de ofrecer refugio a los grupos armados ilegales colombianos, incluidos las disidencias de las FARC y el ELN, imputaciones negadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.