La crisis de desapariciones en México llegó nuevamente al centro del debate internacional; recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU concluyó que existen bases bien fundadas para considerar que en el país se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una determinación que el gobierno mexicano rechazó en cuanto a la interpretación del mecanismo utilizado.
Durante la presentación de su informe anual ante la Asamblea General, este martes 20 de octubre, Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que concluyó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, aplicado por primera vez en la historia.
ONU aclara que no acusa a México de una política de Estado
Albán precisó que el Comité no ha encontrado evidencia ni ha afirmado que las desapariciones en México respondan a una política de Estado.
La conclusión se alcanzó después de considerar las respuestas del gobierno mexicano y las opiniones de familiares y organizaciones. El artículo 34 es un mecanismo preventivo que busca movilizar la cooperación internacional ante situaciones de especial gravedad.
Ahora corresponde a la Asamblea General analizar las opciones para activar esa colaboración, a partir de las propuestas formuladas por el Comité.
Gobierno defiende sus acciones ante la crisis
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, sostuvo que México rechaza la interpretación del organismo sobre el alcance y la aplicación del artículo 34. Como argumento, señaló que el país mantiene cooperación internacional y que, junto con el Alto Comisionado de la ONU, integró un grupo de especialistas para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“El Estado no tolera ni consiente la desaparición de personas. Contamos con una coordinación sin precedentes”, afirmó.
Medina también informó que este año fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida, aunque no precisó cuántas. Albán retomó el dato y lo contrastó con las más de 136 mil personas desaparecidas registradas oficialmente.
Retiran a víctimas que mostraban fotografías
Tras la presentación, Albán lamentó que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala de Naciones Unidas por mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos.
“Su presencia merecía respeto y escucha”, expresó.
El presidente del Comité advirtió que el informe no debe diluirse entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. También pidió que la discusión se traduzca en resultados concretos para las familias.