La realidad educativa en el país atraviesa un momento determinante donde la responsabilidad compartida entre el hogar y las instituciones se vuelve más relevante que nunca.
Aunque el cansancio tras las jornadas laborales sea una constante para las familias, la prioridad indiscutible sigue siendo el bienestar y el futuro de los menores.
En este contexto, se recuerda que los infantes poseen un derecho inalienable a recibir una formación académica de excelencia, una tarea que el Estado tiene el deber constitucional de cumplir, pero que actualmente presenta deficiencias críticas que comprometen el desarrollo de las nuevas generaciones.
La crisis de aprendizaje y el retroceso en ciencias exactas
De acuerdo con Paulina Amozurrutia, quien se desempeña como Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, el panorama actual es sumamente preocupante debido al bajo desempeño académico registrado en áreas fundamentales.
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La especialista señala que el país enfrenta actualmente el peor nivel en ciencia, el peor nivel en 20 años en matemáticas, y 6 de cada 10 niños leen pero no entienden. Según su análisis, este declive es consecuencia de haber permitido que perfiles con intereses políticos tomaran decisiones técnicas sobre el contenido de los materiales pedagógicos. Al reducir la carga científica en los ejemplares, se ha debilitado la capacidad de aprendizaje de los alumnos.
La salida de figuras como Max Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública abre una ventana de oportunidad legal y social. Este cambio en la estructura institucional se percibe como una coyuntura ideal para exigir que los libros de texto recuperen su función como herramientas verdaderamente útiles y dejen de ser materiales con fallas técnicas. Es el momento de demandar que se respete lo establecido en la ley en materia de calidad educativa.
El papel de la voz ciudadana y los mecanismos de participación
Por su parte, Mariana Lucía Benavides, investigadora de la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que esta transición institucional representa una posibilidad real de mejora, pero subraya que son los padres de familia quienes deben tomar la iniciativa para hacer escuchar sus inquietudes.
Un recurso poco aprovechado se encuentra en la última página de todos los libros de texto gratuitos, donde se incluye una encuesta y una dirección de correo electrónico. Este medio de contacto oficial permite a los tutores enviar sus observaciones, críticas o comentarios sobre los contenidos recibidos. El reto para la comunidad es utilizar estos recursos ofrecidos por la propia autoridad para validar su opinión.
La presión social y mediática se ha convertido en un motor de cambio ante la falta de apertura de las administraciones actuales. Amozurrutia sostiene que la voz de la ciudadanía es relevante y que la generación de opinión en plataformas digitales y medios de comunicación ejerce una influencia que las autoridades no pueden ignorar fácilmente.
Aunque los recursos legales como los amparos siguen siendo una vía, el peso de la opinión pública organizada es fundamental para señalar lo que se está haciendo de forma incorrecta en el sistema escolar.
Finalmente, se hace un llamado a no mantener una postura pasiva frente a la situación escolar. Considerando que los menores pasan, a veces, más tiempo en la escuela que contigo, tienes que presionar para asegurar que los contenidos que consumen obligatoriamente cumplan con los estándares de calidad y rigor científico exigidos por la Constitución.
Esta vigilancia es vital si se toma en cuenta que, en territorio nacional, estos ejemplares son el único material de consulta al que pueden acceder 8 de cada 10 estudiantes de nivel básico, por lo que su contenido debe estar libre de sesgos y errores.
