La promulgación de la Ley de Economía Digital establece un nuevo marco regulatorio diseñado para acelerar la reducción del uso de dinero en efectivo y consolidar la infraestructura de pagos electrónicos en todo el territorio nacional.
La legislación abarca desde disposiciones obligatorias para establecimientos comerciales y dependencias de gobierno hasta la simplificación de trámites financieros mediante herramientas tecnológicas como SPEI, CoDi y DiMo.
¿De qué va la Ley de Economía Digital? Cobro electrónico obligatorio y excepciones en emergencias
Dentro de los aspectos centrales de la normativa, se contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine de manera paulatina cuáles sectores económicos deberán adoptar el cobro digital como requisito obligatorio.
En dichas actividades, las transferencias electrónicas y los pagos con tarjeta pasarán a ser la primera opción de cobro, desplazando al papel moneda. Para evitar interrupciones en la actividad comercial, cada autoridad sectorial publicará reglas administrativas específicas para definir los calendarios de transición.
Sin embargo, el marco legal incluye un mecanismo de flexibilidad para imprevistos. En situaciones de emergencia, como fallas en la red telefónica, apagones eléctricos o caídas del sistema bancario, los establecimientos contarán con un permiso temporal para cobrar en efectivo o cheque sin incurrir en sanciones.
La ley precisa que esta medida es exclusivamente para contingencias imprevistas y no podrá emplearse como una justificación recurrente para evitar la adopción de medios digitales.
Identificación oficial y trámites públicos en línea
En el ámbito de los servicios financieros, la ley otorga validez oficial a la CURP digital y al Expediente Digital Ciudadano para la apertura de cuentas de depósito y la solicitud de créditos de forma remota.
El uso de estos instrumentos será voluntario para la población, garantizando el derecho de quienes prefieran identificarse con documentos físicos tradicionales. Asimismo, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adaptarán las regulaciones para que las terminales de punto de venta acepten cobros mediante códigos QR y tecnología de contacto NFC.
Por otra parte, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, deberán adecuar sus plataformas para recibir pagos electrónicos en el cobro de derechos y servicios. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estará a cargo de desarrollar la infraestructura oficial, incluyendo la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.
La legislación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, concediendo un plazo inicial de 15 días hábiles para dar a conocer la primera lista de sectores obligados.