Ganar una licitación legal para proveer despensas al gobierno de Tamaulipas se convirtió en la pesadilla de un empresario que cometió el “delito” de no robar, no mentir y no traicionar.
Tras negarse a pagar una moche al hijo del gobernador Américo Villarreal, el aparato estatal desató una persecución sistemática en su contra: la maquinaria de justicia le fabricó acusaciones cambiantes, desde fianzas falsas hasta fraude, y le impuso medidas cautelares que hoy lo mantienen bajo arraigo en Ciudad Victoria, sin pasaporte y amenazado con una pena de hasta 17 años de cárcel.
Ni los intentos de soborno de la familia gubernamental ni las amedrentamientos directos del subsecretario de Gobierno, Jorge Veas, quien le advirtió que lo aplastaría “como a un zancudo con todo el peso del Estado”, lograron doblar al comerciante.
En un entramado donde la presidencia del Tribunal de Justicia local está vinculada al mismo grupo de poder, mantenerse al margen de la corrupción terminó por desterrar a su familia de la capital tamaulipeca, exponiéndolo al desamparo judicial y al riesgo constante de un atentado contra su vida.