La FGR cateó una bodega en la Ciudad de México que era arrendada por Roberto Farías Laguna, donde encontró documentos clasificados relacionados con seguridad nacional, expedientes de personal naval, listas de aduanas marítimas y armas que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaban con el registro correspondiente.
El hallazgo fue dado a conocer por la fiscal general, Ernestina Godoy, al informar sobre nuevos avances en la investigación por una presunta red de huachicol fiscal en la que la Fiscalía señala a Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como "Los primos".
Cateo en CDMX destapa documentos reservados y expedientes navales
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República, durante el cateo al inmueble también fueron localizados objetos de lujo, además de documentación relacionada con las aduanas marítimas.
Entre lo asegurado se encontraban listas vinculadas con estas instalaciones, expedientes de integrantes de la Secretaría de Marina y documentos clasificados como reservados y confidenciales en materia de seguridad nacional.
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La FGR también reportó el hallazgo de armas sin el debido registro
La información sobre el cateo forma parte de las investigaciones que se ampliaron después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Según la Fiscalía, la investigación permitió identificar una estructura que presuntamente contaba con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburo ingresado ilegalmente al país.
La dependencia señaló que Manuel Roberto y Fernando N. destacaban dentro de esta presunta red, la cual habría operado mediante una cadena de personas y empresas involucradas en distintas etapas.
Buques salían de Texas con combustible declarado de otra forma
De acuerdo con la investigación presentada por Ernestina Godoy, los buques utilizados en esta operación partían principalmente desde Texas con cargamentos de hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivos, con el objetivo de modificar el tratamiento fiscal de la mercancía.
La Fiscalía sostiene que existían servidores públicos y agentes aduanales coludidos que recibían pagos para permitir el paso de los cargamentos.
Las indagatorias también apuntan a revisiones que, presuntamente, eran simuladas y a maniobras para liberar el hidrocarburo sin una inspección efectiva.