A poco más de un año de la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene a este y a su hermano, Fernando Farías Laguna, como los únicos procesados por el mayor desfalco en la historia del país: la red de “huachicol fiscal” y evasión de impuestos estimada en más de 600 mil millones de pesos. Pese a que la fiscal Ernestina Godoy sostuvo que “la responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado”, la defensa de los imputados recrimina una clara justicia selectiva, pues se ha judicializado de forma exclusiva a los hermanos Farías mediante pruebas digitales mientras las autoridades omiten indagar las menciones explícitas a figuras de Morena.
Entre los nombres citados de manera recurrente por testigos colaboradores y expedientes del caso sobresalen el de Andy López Beltrán y el del senador Adán Augusto López. Sin embargo, para las autoridades federales no existe responsabilidad de terceros, postura que contrasta con la reserva absoluta impuesta a la carpeta de investigación solicitada por la defensa y la clasificación como “confidencial” de documentos de seguridad nacional hallados durante los cateos. Mientras el proceso judicial se mantiene bajo hermetismo, el sesgo institucional en la persecución del delito vuelve a encender el debate sobre la complicidad o la omisión desde la cúpula del poder.