El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad aseguró que el gasto público en seguridad pública previsto y asignado en el actual gobierno federal, mantiene la inercia que las administraciones pasadaas y privilegia un enfoque reactivo y no uno preventivo, como está planteado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Al presentar los resultados del estudio Gasto público en seguridad 2019-2021, para el cual contó con la colaboración del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se informó que el tema de prevención disminuyó 0.20 por ciento del PIB en 2019 a 0.18 por ciento en 2021. Mientras que el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó de 0.55 por ciento del PIB en 2019 a 0.56 por ciento en 2021.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco RivaEsta s, indicó que esto demuestra la falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido y revela que tanto el gasto público como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no trascienden el discurso político del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Otro de los hallazgos del estudio es que en los últimos ejercicios fiscales se ha registrado un menor control del gasto público en materia de seguridad. Prueba de ello, es que en 2019 el gasto ejercido superó en 36 mil 531 millones de pesos al aprobado.
Ello se debe a que se ejercieron 35 mil 511 millones de pesos más en el Ramo 7 Defensa Nacional y mil 427 millones adicionales en el Ramo 13 Marina. Este menor control del gasto público contrasta con el recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
Esta decisión presupuestal pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75 por ciento de los delitos de alto impacto.
Francisco Rivas consideró que los legisladores fueron irresponsables al aprobar el recorte presupuestal el año pasado y advirtió que debido a ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer la centralización de recursos en la federación y la militarización de la seguridad pública.
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El estudio Gasto público en seguridad 2019-2021 analiza cómo ha sido la transición de la Fiscalía General de la República (FGR) en términos presupuestales.
El cambio se resume en un incremento de seis por ciento entre 2019 y 2020 y entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado para la FGR prácticamente será el mismo que en 2020.
El documento advierte la preocupación que existe al interior de la institución sobre la disminución de 11.8 por ciento en los recursos destinados a investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada, mientras que las carpetas de investigación por estos delitos apenas se redujeron 5 por ciento entre 2019 y 2020 en un contexto de crisis sanitaria.
Por su parte, los recursos destinados a la operación de la Guardia Nacional aumentaron de tres mil 974 a 35 mil 672 millones de pesos de 2020 a 2021. Sin embargo, esta alza se debe a la reasignación o redistribución entre distintos ramos presupuestales, como es el caso de los recursos asignados a la Policía Federal en años pasados.
Francisco Rivas señaló que a la fecha, no se ha publicado la evaluación de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional lo que impide saber los resultados de la institución.
