La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no borra los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades por 514 millones de pesos. Se va la titular, pero las preguntas sobre su gestión permanecen.
Contratos millonarios y vínculos bajo sospecha
De acuerdo con los señalamientos expuestos, una empresa con apenas cinco empleados habría recibido 180.4 millones de pesos y transferido 167 millones a otras cuatro compañías. A esto se suman el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y reportajes sobre los vínculos del entorno de Taddei con un proveedor.
Las imágenes de su hijo en una suite en París, un chofer con poder legal sobre una empresa contratista y una camioneta blindada cuyo origen se explicó como un préstamo alimentaron los cuestionamientos.
El costo de perder la credibilidad
Ninguna de estas escenas demuestra por sí sola un delito; sin embargo, la acumulación de señalamientos exige explicaciones, no silencios ni salidas que pretendan cerrar el capítulo.
El problema va más allá de una presidencia: ¿cómo puede el árbitro electoral exigir confianza si su propia credibilidad está bajo cuestionamiento?
Taddei se va, pero las dudas siguen ahí y mientras no se esclarezcan los hechos, la rendición de cuentas seguirá siendo una exigencia pendiente.