Morena oficializó la designación de la senadora con licencia Imelda Castro Castro como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa. La decisión de la cúpula partidista la perfila formalmente como la virtual abanderada del oficialismo para la gubernatura en 2027, en un estado atrapado por la crisis política que provocó la licencia de Rubén Rocha Moya y la reciente toma de protesta de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. La llegada de Castro busca reorganizar a la militancia de base en medio del fuego cruzado por el choque de facciones internas del partido.
Desde los primeros pasos de este camino hemos recorrido #Sinaloa con las mismas convicciones; estar cerca, escuchar y aprender de nuestra gente. ❤️
— Imelda Castro (@imeldacastromx) August 20, 2026
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¿Quién es Imelda Castro? La coordinadora de la Defensa de Morena en Sinaloa
Imelda Castro Castro es politóloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con más de tres décadas de trayectoria política. Inició su militancia en el PRD, donde fue diputada local y dirigió el partido en la entidad, antes de sumarse a Morena en 2017. Ocupó la Vicepresidencia del Senado de la República y presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Pese a haber caminado junto a Rubén Rocha Moya en los inicios de la administración estatal, Castro tomó distancia crítica ante el estallido de las investigaciones federales sobre la anterior gestión. Tras el fallido intento de Rocha por retomar el cargo el pasado fin de semana, la senadora con licencia respaldó los llamados para frenar su retorno, posicionándose como la opción de repliegue del partido frente al desgaste del Rochismo.
Litigios electorales, señalamientos de actos anticipados y desgaste de campaña
La designación de Castro no llega limpia de señalamientos. A lo largo del proceso interno, la legisladora enfrentó diversas denuncias interpuestas por la oposición ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada a través de asambleas informativas.
Aunque el órgano electoral local terminó por absolverla recientemente, los litigios llegaron hasta el tribunal estatal tras detectarse fallas de exhaustividad en las investigaciones. Asimismo, la contienda interna dejó roces por el despliegue de presuntas encuestas telefónicas masivas denunciadas por la propia ciudadanía como invasivas, configurando un escenario donde su principal reto será recuperar la unidad partidista en un estado marcado por la violencia y la desconfianza institucional.