Una jueza federal dio un nuevo revés a la Fiscalía General de la República (FGR) y le ordenó devolver al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya su residencia, valuada en más de 38 millones de pesos, ubicada en la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México (CDMX).
Los fiscales buscaban quedarse con la propiedad de Lozoya Austin mediante la extinción de dominio alegando que fue adquirida a través de soborno dentro del caso de supuesta compraventa irregular de la planta de fertilizantes chatarra de Agronitrogenados en Veracruz. Sin embargo, la decisión todavía puede ser impugnada ante un tribunal federal cuyos magistrados tendrán la última palabra sobre el caso o bien, enviarlo a la Suprema Corte.
Una jueza federal ordenó a la @FGRMexico devolver al exdirector de @Pemex, Emilio Lozoya, su residencia valuada en más de 38 millones de pesos.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2023
Los fiscales buscaban quedarse con la propiedad mediante la extinción de dominio, alegando que fue adquirida a través de soborno dentro…
FGR erró al solicitar el cambio de dueño del inmueble de Lozoya en CDMX: Jueza
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Domino de la Ciudad de México, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que la FGR erró al solicitar el cambio de dueño del inmueble con un recurso legal que no estaba vigente cuando supuestamente Lozoya cometió el delito de lavado de dinero.
"Debe declarase improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble". El hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012 esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio.
La juzgadora señaló que "debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista cuando se consumó la conducta que dio origen a la investigación por Recursos de Procedencia Ilícita".
Incluso explicó que la Constitución en nuestro país es clara en cuanto a los supuestos de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, de manera limitativa establece respecto de qué delitos procederá la acción señalada, lo que implica que ésta no deriva de un concepto genérico de enriquecimiento ilícito.
El pasado 31 de agosto, sin pagar un solo dólar, Emilio Lozoya logró que un juez de control federal suspendiera el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.
Con la notoria oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y los representantes de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el juzgador Gerardo Alarcón concluyó que la reparación del daño por 216 millones de dólares que comenzó a pagar en 2021 el empresario Alonso Ancira también beneficia a Lozoya Austin.
Sin embargo, el exfuncionario federal de la pasada administración seguirá en la cárcel al interior del Reclusorio Norte por el caso de corrupción de Odebrecht, en la cual enfrenta prisión preventiva justificada.
Luego de que la defensa del exdirector de Pemex expusiera el criterio de un tribunal federal sobre los efectos de la reparación del daño cuando ha varios coacusados y uno de ellos ya pagó, el juez Gerardo Alarcón les dio la razón y consideró el los pagos que está realizando Ancira Elizondo son extensivos para Lozoya.
Ante ello el impartidor de justicia citó la tesis aislada del Tribunal y decidió suspender el procedimiento iniciado contra Emilio Lozoya Austin tal y como sucedió el 19 de abril de 2021 con el propietario de Altos Hornos de México.
Tras el fallo, los representantes de Pemex y la UIF aseguraron que como víctimas no fueron tratados con igualdad y quedan en estado de indefensión pues no queda garantizado el pago, por parte de Lozoya, de al menos 3.4 millones de dólares que fue la afectación supuestamente causada a Pemex por el caso Agronitrogenados.
La FGR acusa a Emilio Lozoya por la supuesta compraventa irregular de una planta de fertilizantes chatarra en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz lo cual, a decir de Pemex y la UIF causó un quebranto millonario a la empresa productiva del Estado Mexicano.