Tras 29 días de resistencia a la intemperie, enfrentando bloqueos de señal, frío y el hostigamiento institucional, madres y familias de personas desaparecidas levantaron el plantón que mantenían instalado frente a la Fiscalía General de la República (FGR). La retirada de las carpas ocurrió la noche de este jueves, luego de que el órgano autónomo cediera finalmente a recibir las denuncias de las víctimas en el fuero federal. Sin embargo, la activista Margarita López, quien lideró la protesta desde el pasado 9 de septiembre, fue contundente al aclarar que el acceso a la justicia no se logró por empatía o voluntad del gobierno, sino tras ganar una batalla legal a través de suspensiones de amparo emitidas por jueces federales.
La protesta exhibió el rostro más indolente del sistema de justicia en México, donde madres procedentes de estados como Michoacán, Veracruz y el Estado de México tuvieron que recurrir a medidas extremas solo para que las autoridades cumplieran con su obligación constitucional.
Durante el retiro del campamento, Margarita López enfatizó el desgaste de la lucha: "Qué pena de verdad que tengamos que meter amparos y litigar con el sistema para tener acceso a la justicia. Las madres tenemos que litigar no solo con los secuestradores, con los perpetradores que se llevan a nuestros hijos, sino que ahora tenemos que luchar contra el propio Estado presentando amparos y denuncias internacionales".
Un mes de cerrazón oficial y la advertencia por la vulnerabilidad de madres buscadoras
A pesar de que el retiro de lonas se dio con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el respaldo solidario de vecinos que abastecieron de alimentos calientes a las familias, el colectivo dejó en claro que no se trata de un cheque en blanco. Para el próximo 9 de noviembre está programada una reunión clave en la FGR para revisar el estatus de cada expediente y determinar si las investigaciones se mantendrán en el fuero federal o si se pretenderá enviarlas de vuelta a los estados, un escenario que las familias califican como una sentencia de muerte.
Ante esta posibilidad, la lideresa del movimiento lanzó una durísima advertencia dirigida a los mandos de la Fiscalía sobre las consecuencias de archivar o declinar los casos a las dependencias locales: "Les dijimos: 'grábense los rostros de estas mamás', porque si declinan estas carpetas de investigación al fuero común sin sustentarlas, mañana o pasado mañana estas mamás van a ser las que estén desaparecidas o ejecutadas. Esto no fue ningún favor que nos hayan hecho, es algo que ganamos por la vía judicial. Tienen que recibir las denuncias porque no es un favor, es un derecho que les asiste la ley y no podemos normalizar la desaparición de personas".