Emprendedores y franeleros denuncian extorsión en México; un delito en aumento

La extorsión es uno de los delitos que más afecta en México, sin importar la actividad económica o lugar de residencia. El problema afecta desde emprendedores que buscan iniciar un negocio hasta franeleros que trabajan en la calle.

En un país tan violento como en el que se vive actualmente, nadie está exento de este crimen, que ninguna autoridad ha podido frenar, porque incluso son los mismos servidores públicos que abusan de su poder.

Varios comerciantes han narrado cómo la delincuencia organizada exige “piso” a quienes poseen pequeños negocios o unidades de transporte.

Según denuncias de víctimas, se les pide entregar entre 10 y 50 mil pesos mensuales para poder seguir operando: “Yo solo tengo dos unidades de renta y no me alcanza para pagar esa cantidad”, relató un transportista afectado.

Si se les ocurre negarse, los delincuentes no dudan en amenazar o incluso destruir la propiedad de las víctimas. En uno de estos casos, los delincuentes quemaron la unidad como advertencia de lo que podía ocurrir si no pagaba la cuota.

Por ello, muchos negocios han cerrado y algunas familias han decidido abandonar sus colonias por miedo a las amenazas, rompiendo así con las ilusiones de salir adelante.

No solo los empresarios enfrentan este delito. Franeleros y trabajadores de la vía pública también se ven obligados a pagar “mordidas” a las autoridades para conservar sus espacios de trabajo.

Algunos reportan que deben entregar parte de lo que cobran por cuidar autos, incluso hasta mil 500 pesos diarios, a patrulleros que supervisan la zona.

“Aproximadamente cobro 50 pesos por carro, pero tengo que darle su parte a los patrulleros para que no me quiten los lugares…”, confesó uno de los afectados.

Esto demuestra que la extorsión no se limita a la delincuencia organizada, sino que son las mismas autoridades que contribuyen a estas prácticas.

Si nuestros funcionarios son corruptos, ¿qué podemos esperar del crimen organizado que sigue expandiendo sus redes por todo el país ante la mirada indiferente de los gobernantes?

En respuesta a esta problemática, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley contra la Extorsión, la cual contempla penas de hasta 42 años de prisión para quien cometa este delito.

No obstante, esta reforma también genera preocupación sobre su aplicación, ya que algunos artículos podrían abrir la puerta a la criminalización de medios de comunicación y afectar directamente la libertad de expresión.

A esto se suma que la efectividad de la ley sigue limitada por la impunidad y la corrupción que persisten en diversas regiones del país.

Los resultados del Monitor de Seguridad de Coparmex revelan un panorama preocupante: en el primer semestre de 2025, se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Convirtiéndose en el nivel más alto desde que hay registro. Por otra parte, Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en junio, con un aumento del 360% en comparación con 2024.