Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, deberá someterse a nuevas condiciones para conservar su libertad, según una orden firmada por el Juez Rudolph Contreras, de la Corte de Distrito de Columbia.
Entre las nuevas medidas que se leen en el documento, Coronel deberá “someterse a un registro, en cualquier momento, con o sin orden judicial, y por cualquier agente de la ley o agente de libertad condicional”, de su persona y propiedad, casa, residencia o vehículo.
Computadoras, celulares y redes sociales de Emma Coronel serán inspeccionadas
También podrán inspeccionarle papeles, computadoras, teléfonos celulares, otros dispositivos o medios de comunicación electrónica o almacenamiento de datos, cuentas de correo electrónico, cuentas de redes sociales, cuentas de almacenamiento en la nube y otras áreas que estén bajo su control, “ante una sospecha razonable de una violación de la condición de supervisión o conducta ilegal”, según especifica la orden judicial.
También en materia financiera, las medidas serán más robustas, la esposa de “El Chapo”, deberá proporcionar al oficial de libertad condicional: una autorización firmada que permite la consulta de su informe de crédito; declaraciones de impuestos federales y estatales y una autorización firmada que permite la divulgación. Asimismo un estado financiero preciso, con documentación de respaldo de todos los activos, ingresos, gastos y responsabilidades que ella tenga actualmente.
Emma Coronel dejó de estar bajo supervisión del Buró Federal en septiembre
El 13 de septiembre de 2023, Emma Coronel dejó de estar bajo supervisión del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés). En junio de este año, Coronel Aispuro, fue ingresada a un centro de confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso (RRM) en Long Beach, en San Pedro, California, según el BOP de Estados Unidos. Antes, estuvo en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, Texas.
Fue detenida en febrero de 2021, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia y condenada a tres años de prisión tras ser encontrada culpable de conspirar para distribuir drogas, lavado de dinero y por su participación en transacciones y negocios relacionados con la actividad delictiva de su esposo.
