A mediados del año 2023, la administración federal dio a conocer una estrategia para establecer puntos de distribución de medicamentos que estarían situados de forma adyacente a las entidades bancarias gubernamentales, las “Farmacias del Bienestar”.
La promesa central consistía en la entrega de fármacos sin costo para la población. No obstante, la realidad observada en los recintos sanitarios dista considerablemente de aquel proyecto, traduciéndose únicamente en espacios desocupados que contrastan con la aparición de establecimientos que utilizan dicha identidad gráfica pero bajo dinámicas operativas cuestionables.
El esquema de comercialización y las sedes detectadas
Contrario a la gratuidad anunciada originalmente por el Estado, los empleados de estos nuevos locales aseguran que el suministro de medicinas se realiza mediante venta directa al público.
Según los trabajadores, esta operación es posible gracias a una supuesta alianza con la Secretaría de Salud. Hasta el momento, se han identificado dos puntos de venta activos bajo este nombre en la capital: uno ubicado en la zona de Lomas de Tlalpan y otro sobre la Calzada de Tlalpan.
En la primera sede, el responsable administrativo confirmó que el negocio se rige por un modelo de participación público-privada, aunque omitió detallar la identidad de la corporación particular involucrada en el proyecto.
Irregularidades en la atención médica y deslinde de programas oficiales
En la sucursal situada en Calzada de Tlalpan 4456, la oferta de servicios se extiende a la consulta médica, a pesar de que los establecimientos carecen de personal profesional de la salud en sus instalaciones.
Por otro lado, la ciudadanía manifiesta confusión respecto a la ubicación de los puntos de entrega gratuita, señalando que en los centros de salud solo existen estructuras metálicas vacías, las cuales parecen haber sido transferidas sin las autorizaciones correspondientes.
Esta situación ha generado dudas sobre la legitimidad de estos comercios, especialmente porque la modalidad de pago choca con la expectativa de apoyo social en zonas urbanas.
La ausencia de sustento legal y posibles repercusiones jurídicas
Un análisis profundo de los lineamientos actuales revela una contradicción importante: el presunto pacto de colaboración que mencionan los empleados de estos locales no figura en las normativas vigentes.
No existe registro de este esquema en las reglas de operación de programas oficiales como “Salud casa por casa” o el proyecto original de farmacias gubernamentales. Especialistas advierten que esta falta de respaldo en el Plan de Desarrollo o en el Programa Sectorial de Salud sugiere que el convenio mencionado por los trabajadores no tiene existencia legal.
Esta situación abre la puerta a diversas interpretaciones legales. De confirmarse que se trata de entidades privadas operando sin permiso, se podría estar frente a un delito de fraude por usurpación de funciones.
En el escenario de que existiera respaldo de autoridades actuales, el caso podría escalar a un ejercicio ilícito de atribuciones públicas.
A pesar de que se gestionaron solicitudes de información durante varios días ante la Secretaría de Salud para esclarecer el origen y legalidad de estos establecimientos, la dependencia ha optado por el silencio, dejando sin respuesta las interrogantes sobre este fenómeno que utiliza insignias oficiales para fines lucrativos.
