La frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, es escenario de la operación binacional antidrones "Águila Alta", un despliegue simultáneo de autoridades mexicanas y estadounidenses para detectar equipos utilizados por grupos delictivos en actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.
La operación comenzó el 31 de agosto y permanecerá activa hasta el 21 de septiembre de 2026; aunque participan fuerzas de ambos países, cada corporación realiza sus acciones dentro de su propio territorio, como parte de los mecanismos de coordinación en la frontera común.
Los drones bajo la mira en Tijuana y San Diego
El objetivo del operativo es localizar e inhabilitar drones comerciales que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, son utilizados por delincuentes para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad.
La presencia de estos equipos puede facilitar que grupos dedicados a actividades ilícitas conozcan con anticipación los desplazamientos de las autoridades en distintos puntos de la franja fronteriza.
Por ello, la segunda etapa de "Águila Alta" contempla ahora el despliegue de personal y equipos especializados para detectar aeronaves no tripuladas desde puntos fijos y móviles.
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Primero delimitaron la zona; ahora comenzó el despliegue
Antes de la fase operativa, autoridades de México y Estados Unidos realizaron ejercicios de coordinación entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.
Durante esos primeros días se efectuaron reconocimientos terrestres simultáneos en ambos lados de la frontera para establecer el área donde se desarrollaría la operación.
Ahora, el operativo entró en su etapa de despliegue, que se mantendrá hasta el 21 de septiembre en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego.
"Águila Alta" sigue una operación realizada en Ciudad Juárez
La operación antidrones en Baja California tiene un antecedente reciente en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde se realizó un operativo similar durante marzo de 2026.
En esta ocasión, las acciones se concentran en uno de los cruces fronterizos más transitados entre México y Estados Unidos, con la intención de impedir que drones comerciales sean utilizados para vigilar operativos o facilitar actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.