Una pareja fue condenada a 30 años de prisión. Ese fue el rotundo veredicto para Yokeiry Coronado y Jeider Montero, quienes intentaron esconder una terrible realidad en una residencia de Los Guandules, República Dominicana.
Lo que a puerta cerrada parecía la vida cotidiana de una niña de siete años, resultó ser un infierno prolongado que terminó en tragedia. Además de la cárcel, los culpables deberán pagar 5 millones de pesos dominicanos a la madre de la menor. Pero lo que realmente dejó helados a todos en la sala del tribunal fue cómo se les cayó el teatro.
El engaño al 911 que salió mal
Todo estalló la tarde del 16 de agosto de 2025. Yokeiry, tía de la menor, llamó desesperada a sus parientes, jurando que la pequeña de 7 años estaba sufriendo convulsiones. Su plan era aparentar una emergencia médica impredecible. Sin embargo, cuando los paramédicos y el equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) cruzaron la puerta, la mentira se vino abajo. Los forenses no encontraron rastros de una enfermedad, sino el "síndrome del niño maltratado". La víctima llevaba meses soportando agresiones que sus supuestos cuidadores mantenían en el más absoluto silencio.
Durante el juicio, los abogados defensores quisieron salvarlos presumiendo su intachable comportamiento social ante los vecinos. El problema llegó cuando la fiscalía revisó sus teléfonos. Un experto extrajo fotos y videos que las propias juezas calificaron como “espeluznantes”.
Las perturbadoras imágenes revelaron quemaduras en las manos de la niña y lesiones que confirmaron que Yokeiry era la mente maestra detrás de las torturas. Jeider, conociendo el calvario de la menor, eligió ser un cómplice mudo.
El crimen por el cual pagarán
Acorralados y con su galería de fotos en su contra, la justicia dominicana no titubeó. Ella fue enviada al centro de correción y rehabilitación Najayo Mujeres como autora intelectual, y él a Najayo Hombres por encubrirla.
Fueron declarados culpables por la violación de los artículos 295, 304, 303 y 303, numerales 1 y 4, del Código Penal dominicano, así como del artículo 396, literales A y B, de la Ley núm. 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Con información de Noticias SIN