La parálisis en el Poder Judicial de la Federación (PJF) escaló de intensidad a nivel nacional tras sumarse nuevas entidades y vialidades estratégicas a la jornada de protestas, alcanzando ya movilizaciones activas en al menos 17 estados del país. En la Ciudad de México, los manifestantes extendieron los cierres de tránsito hasta la Calzada Ignacio Zaragoza, sumándose a los bloqueos ya registrados en arterias clave como la avenida Insurgentes Sur. De forma paralela, personal judicial en Jalisco acordó sumarse a la suspensión de actividades para frenar las disposiciones derivadas de la reciente reforma judicial, provocando el cierre de 24 sedes en 18 circuitos del país.
Exámenes de evaluación y temor a despidos detonan el conflicto laboral
El detonante central de la indignación es la aplicación del examen de Evaluación del Desempeño de los Oficiales Judiciales, programado para los días 14 y 15 de diciembre. Secretarios, actuarios y oficiales en sedes como Toluca y Guadalajara denuncian que la aprobación de un reciente acuerdo establece el despido directo como sanción para quien no acredite la prueba, lo que deja en el desamparo laboral a personal con años de trayectoria y concursos de oposición. Aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que ningún trabajador perderá su empleo, los manifestantes aseguran que las reglas carecen de claridad técnica y no consideran la experiencia profesional acumulada.
Ante la falta de acuerdos con las autoridades administrativas del sector, los contingentes advierten que mantendrán los plantones en los accesos a los inmuebles y los bloqueos por tiempo indefinido en las 17 entidades afectadas. La parálisis judicial amenaza con prolongar la suspensión de plazos y trámites en los circuitos impactados en tanto no se instale una mesa formal de diálogo que garantice el respeto a los derechos laborales adquiridos.