La intención de la administración de Donald Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento (ius soli) mediante una orden ejecutiva ha llevado esta batalla legal hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Basada en una reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda —que desde 1868 garantiza la nacionalidad a casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense—, la medida busca disminuir la migración ilegal.
Sin embargo, economistas, sociólogos y expertos en derecho constitucional advierten que eliminar este derecho transformaría la estructura demográfica, legal y laboral del país.
Aquí te contamos cómo afectaría en los escenarios posibles y los distintos perfiles de personas que se verían directamente a quienes puede llegar esta medida.
¿A quienes afectaría?
Hijos de inmigrantes en situación irregular
Es el objetivo principal de la orden ejecutiva. Actualmente, cientos de miles de niños nacen cada año en EU de padres sin estatus legal.
Estos menores ya no recibirían un pasaporte estadounidense ni un número de Seguro Social al nacer. Se crearía de forma masiva una "segunda generación de indocumentados" nacidos en el territorio, personas que crecerían en el país pero carecerían de derechos básicos, acceso a educación superior regulada, licencias de conducir o empleo formal, quedando relegados permanentemente a la informalidad.
Hijos de estudiantes y trabajadores temporales legales (Visas F-1, H-1B, L-1, TN)
Incluye a profesionales altamente calificados, científicos, ingenieros y estudiantes de posgrado extranjeros que residen legal y temporalmente en EU.
Un bebé nacido de una pareja de ingenieros con visa de trabajo H-1B o de médicos extranjeros en especialización no sería estadounidense. Tendría que adoptar la nacionalidad de sus padres (si las leyes de sus países de origen lo permiten automáticamente). Esto complicaría la retención de talento extranjero, ya que muchas familias profesionales optarían por migrar a países con leyes de naturalización más estables.
El limbo de la "Apatridia" (Niños sin ninguna nacionalidad)
Existen países cuyas leyes no otorgan la nacionalidad por consanguinidad de forma automática si el hijo nace en el extranjero, o que imponen restricciones severas si el padre o la madre no pueden transmitirla debido a cuestiones de género o leyes locales específicas.
Si un niño nace en suelo estadounidense bajo la nueva normativa, pero el país de origen de sus padres no le reconoce la nacionalidad a distancia, el menor se convertiría en apátrida. Al no ser ciudadano de EU ni del país de sus padres, quedaría en un vacío legal absoluto, sin la protección de ningún Estado en el mundo.
Familias de ciudadanos nacidos en EU: El impacto alcanzaría a los propios ciudadanos estadounidenses que tengan hijos en su propio país.
El sistema actual opera bajo la presunción de que todo nacimiento en un hospital local otorga la ciudadanía. Si la ley cambia, el estado civil y los hospitales tendrían que exigir pruebas de ciudadanía a los padres antes de procesar el acta de nacimiento del bebé. Millones de ciudadanos nativos que no cargan consigo actas originales o pasaportes vigentes en el momento del parto enfrentarían severos retrasos administrativos para tramitar el Seguro Social de sus hijos, afectando altas médicas, registros y coberturas de seguros privados.
Disminuirá la mano de obra
A mediano y largo plazo, la restricción de la fuerza laboral nacida en el país generaría un impacto macroeconómico.
Sectores que dependen históricamente del relevo generacional de comunidades inmigrantes integradas (como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios) verían una reducción drástica de trabajadores con estatus legal en las próximas dos décadas. Esto aceleraría el envejecimiento de la población activa en Estados Unidos y limitaría la recaudación fiscal de impuestos vinculados a los números de Seguro Social.
¿Debe permanecer o se debe cambiar ese derecho?
Quienes defienden la eliminación de la ciudadanía por nacimiento argumentan que la Enmienda 14 incluye la frase "sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos", afirmando que los extranjeros temporales o irregulares no cumplen con este criterio de lealtad política total.
Otros son partidarios que el término se refiere simplemente al deber de obedecer las leyes locales mientras se está en el territorio. La decisión final de la Corte Suprema redefinirá el concepto de identidad nacional en los Estados Unidos para el próximo siglo.
