Lista negra de Washington: ¿Quiénes son los gobernadores y políticos mexicanos que perdieron su visa americana?

En los últimos meses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado del retiro de las visas a alcaldes, legisladores y funcionarios de diversas fuerzas políticas, lo que ha encendido las alarmas en el partido del poder. Principalmente por las acusaciones que se han formalizado desde el país del norte por diversos delitos como nexos con el narcotráfico, huachicol fiscal y lavado de dinero.

La lista de servidores públicos que han visto cancelado su acceso legal a territorio estadounidense abarca desde el gabinete federal hasta administraciones municipales, concentrándose de manera importante en los estados de la frontera norte:

• El senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se colocó en el ojo del huracán tras negarse rotundamente ante la prensa a aclarar si su visado fue retirado, esquivando los cuestionamientos bajo el argumento de que no acostumbra dar declaraciones. Aunque se sabe que el morenista no ha viajado al país del norte en varios meses.
• En septiembre de 2025, el diputado federal del PVEM, Mario Alberto López Hernández, fue retenido por 12 horas en el cruce de Matamoros con Brownsville, Texas, un hecho que inicialmente negó.

• Alex Tonatiuh Márquez Hernández se convirtió en el primer miembro del aparato presidencial en perder el documento, lo que provocó su destitución como titular de investigación aduanera en la Anam en diciembre de 2025.
• La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la pérdida de su visa y la de su entonces cónyuge, Carlos Torres Torres el 10 de mayo de 2025.
• Una investigación periodística de Los Angeles Times reveló que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, también figuran entre los perfiles sancionados, señalando que habrían ingresado a EE. UU. UU. únicamente bajo permisos especiales reservados para colaboradores de la justicia.
• En Baja California, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, quien fungía como funcionario de Cofepris, perdieron sus visados en agosto de 2025.
• Hernán José Vega Burgos (Magistrado local en Yucatán): Conocido bajo el alias mediático de "El padrote de Progreso", vio cancelado su visado estadounidense debido a investigaciones que lo vinculan con una banda de explotación sexual.
• Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios por supuestos nexos con el narcotráfico. Al tener solicitudes de extradición por parte de EU, una de las medidas implementadas sería el retiro de sus visas.

Aunque las agencias de seguridad estadounidenses suelen reservarse los motivos oficiales de cancelación, los expedientes e investigaciones periodísticas asocian los siguientes perfiles con graves señalamientos:

• Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya: Ambos mandatarios fronterizos fueron señalados por la administración de Donald Trump por presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque sus voceros negaron tajantemente la información, los reportes indican que su acceso a EE. UU. quedó restringido a permisos especiales para colaborar con la justicia.

• Alex Tonatiuh Márquez Hernández (Exdirector de Investigación Aduanera en la Anam): Perdió su cargo en el gabinete presidencial tras ser investigado por el delito de huachicol, también fue señalado por adquirir relojes de lujo con un valor de casi ocho millones de pesos, una cifra que no coincidía con sus ingresos declarados.
• Carlos Torres Torres (Exfuncionario honorario de Baja California y exesposo de la gobernadora): Renunció a sus actividades tras la revocación de su visa; las agencias de ambos países lo investigan por su presunta participación en redes de lavado de dinero, evasión fiscal y huachicoleo.
• Hernán José Vega Burgos (Magistrado local en Yucatán): Conocido bajo el alias mediático de "El padrote de Progreso", vio cancelado su visado estadounidense debido a investigaciones que lo vinculan con una banda de explotación sexual.

De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado, el estatus del documento puede ser evaluado nuevamente si el afectado demuestra que las causas que originaron la cancelación han sido solventadas o si se trató de una confusión de carácter administrativo.

Para los funcionarios que enfrentan indagatorias activas por lavado de dinero, delincuencia organizada o huachicol, la vía ordinaria queda prácticamente clausurada. No obstante, las leyes migratorias estipulan excepciones específicas: la figura del waiver o perdón consular, así como los permisos especiales de ingreso temporal.

Como detalló el reportaje en torno a los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, las autoridades de Washington poseen la facultad discrecional de otorgar autorizaciones excepcionales de entrada, un recurso que suele confinarse de manera estricta a personas que se encuentran participando de manera activa o testificando en investigaciones federales coordinadas por el Departamento de Justicia estadounidense.