Ciudadanos se reunieron en las inmediaciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), sobre la avenida Insurgentes Sur en la Ciudad de México, en respaldo a la exjueza Martha Magaña. Decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, juzgadores y activistas se concentraron previo a su comparecencia programada a las 11:00 horas, exigiendo de manera categórica que la audiencia sea pública y transparente. La juzgadora, quien se vio obligada a residir en España tras el acoso institucional, atenderá la cita de forma remota para enfrentar el procedimiento administrativo disciplinario que la Secretaría de Gobernación promovió en su contra a manera de represalia.
Martha Magaña se convirtió en un símbolo de la resistencia judicial al ser la primera juzgadora en conceder una suspensión provisional contra la reforma al Poder Judicial en 2024, frenando en su momento la discusión del dictamen oficialista. Hoy, su caso es el epicentro de la llamada "cacería contra jueces antiacordeón", un entramado sancionador con el que el nuevo órgano disciplinario busca castigar e inhabilitar a quienes se opusieron a la reforma constitucional o emitieron fallos contrarios a los intereses del gobierno federal.
#AlMomento | APOYAN A LA JUEZA MARTHA MAGAÑA FRENTE AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026
Se realizan muestras de apoyo afuera del Tribunal de Disciplina, en Insurgentes Sur, donde la jueza federal en retiro Martha Magaña debe comparecer a las 11:00 horas.
La audiencia será remota, ya que… pic.twitter.com/wXdyAnGHBn
Más de 240 casos bajo la lupa: El Tribunal de Disciplina como brazo ejecutor de la 4T
El procedimiento contra la exjueza Magaña no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una persecución sistemática denunciada por integrantes del sector de la justicia. Actualmente existen al menos 248 expedientes de jueces, magistrados y personal administrativo del Poder Judicial que acusan acoso y amedrentamiento por parte del Tribunal de Disciplina Judicial debido a sus decisiones jurisdiccionales o por haber frenado resoluciones impulsadas desde el régimen.
Los manifestantes apostados sobre Insurgentes Sur advirtieron que el juicio contra Martha Magaña sienta un peligroso precedente de arbitrariedad, donde el órgano encargado de velar por la ética judicial se ha transformado en un garrote político al servicio del régimen. Entre consignas y mantas, la ciudadanía y el gremio juzgador exigieron máxima publicidad en el desahogo de las pruebas, denunciando que las audiencias a puerta cerrada solo buscan consumar una "venganza de Estado" en contra de quienes ejercieron la independencia judicial y defendieron la Constitución.