Una investigación periodística de Iván Alamillo para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y analizada por Javier Risco al descubierto que la red de contratistas vinculada a Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán, diversificó sus operaciones hasta la industria de los juegos de azar. A través de la empresa Super Juegos Robin, la misma red empresarial involucrada en escándalos de medicamentos (Romedic) y huachicol fiscal (Portasel) obtuvo permisos federales para operar casinos en línea. Las autorizaciones fueron otorgadas el 28 de junio de 2023 por Manuel Marcué Díaz, entonces titular de la Dirección de Juegos y Sorteos y hombre de confianza de Adán Augusto López, justo un día antes de dejar su cargo.
El caso pone en evidencia la simulación y las omisiones de las autoridades federales, a quienes la prensa advirtió un mes antes en la conferencia matutina sobre la proliferación irregular de licencias de apuestas. A pesar de que se le cuestionó de forma directa y el propio expresidente López Obrador prometió una aclaración, el entonces secretario de Gobernación evitó pronunciarse sobre los juegos en línea durante su informe. La concesión previa a la salida del funcionario confirma que, lejos de un descuido, el aparato institucional avaló la entrega de permisos para beneficiar a los mismos empresarios ligados al entorno del expresidente.