Bajo el pretexto de “defender la soberanía”, Morena aprobó una reforma contra la doble nacionalidad que exige a quienes aspiren a la presidencia, a las gubernaturas o a la jefatura de Gobierno para 2030 renunciar a cualquier otra ciudadanía antes de registrarse. Esta medida arrebata de un plumazo el derecho a ser votados a más de 15 millones de personas en México y a más de 40 millones de connacionales en Estados Unidos, tratando como sospechosos a los mismos migrantes a los que califican de “héroes” por sus remesas. La lealtad no la determina la nacionalidad, sino los actos, pues ser exclusivamente mexicano no ha impedido que personajes del régimen pacten con la delincuencia.
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Esta reforma no busca cuidar a la nación, sino cerrar la puerta a perfiles críticos del exterior y reducir la competencia política para blindar los próximos procesos electorales. Resulta indignante que el régimen le quite el derecho a ser votado al migrante que trabaja en el extranjero mientras abraza a delincuentes y permite en la boleta a políticos que traicionan a su gente. Un gobierno que le teme a sus propios migrantes pero perpetúa la impunidad demuestra un falso patriotismo que la ciudadanía sabrá cobrar en las urnas.