El doloroso caso del feminicidio de Renata, una niña de tan solo 13 años, ocurrido en noviembre de 2020 en Ixtapaluca, Estado de México, es un crudo reflejo de las fallas sistémicas que perpetúan la impunidad y la revictimización de las familias. Su madre, Karen Martinely Reyes, ha alzado la voz para denunciar que el feminicidio de su hija pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado ante una denuncia previa de acoso sexual.
Cinco meses antes de que la vida de Renata fuera truncada por su padrastro, identificado como Carlos Daniel “N”, la menor descubrió que el hombre había instalado su teléfono para grabarla mientras se bañaba. La madre actuó de inmediato y acudió al Ministerio Público de Ixtapaluca. Sin embargo, lo que encontró fue la primera de una serie de negligencias y tratos revictimizantes por parte del sistema de justicia.
La negligencia de las autoridades siempre presente en el caso de feminicidio de la pequeña
Según el testimonio de Karen, a pesar de presentar el video como prueba y de la declaración de su hija ante el Ministerio Público y el psicólogo, la denuncia no prosperó. Una licenciada de la fiscalía se atrevió a argumentar que, dado que la menor había encontrado el teléfono y el acto de grabación no se había “culminado”, la denuncia no podía proceder. “No se preocupe, nosotros la llamamos”, fue la respuesta que selló el destino de Renata.
Pasaron cinco meses de inacción institucional hasta el trágico 29 de noviembre de 2020, cuando Carlos Daniel “N” irrumpió en el domicilio, asfixiando a Renata hasta causarle la muerte. La madre no duda en culpar directamente a las autoridades. “Si ellos hubieran hecho o hubieran tomado cartas en el asunto con la denuncia del acoso, pues mi hija seguiría viva”, lamenta Karen.
Una “victoria amarga” por la te victimización hacia su madre
El proceso de justicia tras el feminicidio también se convirtió en un calvario. Tuvo que transcurrir un año para que Carlos Daniel “N” fuera detenido y vinculado a proceso. No obstante, la posibilidad de una sentencia que estableciera un precedente se desvaneció abruptamente. Pocas semanas después de su detención, la madre de Renata recibió una llamada de la fiscalía informándole que el feminicida había sido encontrado muerto en su celda.
Aunado al inmenso dolor por la pérdida de su hija, Karen enfrentó la revictimización por parte de las propias autoridades. La madre relata que hubo agentes del Ministerio Público que intentaron culparla, alegando que ella era la única responsable del feminicidio de su hija, a pesar de haber sido cometido por su expareja.
El caso de Renata Martinely Luna se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la indiferencia institucional. La madre señala que, a pesar de la existencia de unidades de género y agencias especializadas en delitos sexuales, el personal no está verdaderamente preparado. Las denunciantes son constantemente revictimizadas y amedrentadas, minando la confianza en el sistema.
Karen, cuyo activismo surgió del más profundo dolor, concluye con una emotiva promesa a su hija: “Ahora sí, te puedo asegurar que la voy a abrazar y no voy a volver a soltar”, refiriéndose al reencuentro que anhela. Este caso subraya la necesidad urgente de una capacitación profunda y de una auténtica perspectiva de género en las fiscalías para que ninguna otra denuncia de violencia contra niñas y mujeres sea desestimada con consecuencias fatales.












