El colapso financiero de Ueno Bank y las graves acusaciones de conflicto de interés terminaron por acorralar al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien presentó su renuncia formal en pleno debate legislativo para destituirlo. El mandatario sudamericano cayó salpicado por la intervención del banco, que dejó a casi tres millones de ahorradores sin acceso a su dinero, tras revelarse que fue accionista del grupo empresarial vinculado a la entidad hasta 2025 y que, ya desde el poder, benefició a la institución con cientos de millones de dólares de fondos públicos y pensiones. Ante la inminente pérdida de respaldo de su propio Partido Colorado, Peña cedió la Presidencia, abriendo paso a la transición constitucional que encabezará el vicepresidente Pedro Alliana.
El terremoto político en Paraguay enciende un contraste con México. Mientras en Sudamérica el juicio político y la presión por corrupción derrumban a un jefe de Estado en funciones, en la historia moderna mexicana la renuncia de un presidente por escándalos de desvío de recursos, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito ha sido prácticamente inexistente. A diferencia de ministros, gobernadores o titulares de dependencias que han dejado el cargo acorralados por auditorías o investigaciones de la fiscalía, la figura de la presidencia en México ha permanecido blindada por una férrea cultura de concentración de poder y una rigurosa traba constitucional.
El blindaje del Artículo 86 y el mito de la renuncia por corrupción en México
En el derecho constitucional mexicano, la dimisión del Ejecutivo no es un trámite sencillo ni un recurso ordinario de rendición de cuentas. De acuerdo con el Artículo 86 de la Carta Magna, el cargo de Presidente de la República solo es renunciable por “causa grave”, la cual debe ser analizada, calificada y aprobada de manera exclusiva por el Congreso de la Unión. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, ningún presidente en funciones ha dimitido tras ser salpicado por casos de corrupción masiva, desvío de fondos o favores a empresas privadas; por el contrario, los grandes escándalos sexenales se han saldado históricamente con la protección del fuero, el cierre de filas partidista o la salida obligada de funcionarios de menor rango.
Episodios recientes de corrupción o falta de contrapesos han provocado dimisiones masivas en mandos ejecutivos, dependencias federales e institutos electorales, pero la silla presidencial ha quedado intocable. El caso de Paraguay y la caída de Santiago Peña exponen de forma cruda las distancias institucionales en América Latina: mientras en otras latitudes las redes de complicidad financiera con el poder ejecutivo provocan el colapso inmediato de un gobierno, en México la renuncia presidencial sigue siendo una rendija legal extraordinariamente cerrada, donde la responsabilidad política de la cúpula nunca se paga con la entrega del cargo.