El lunes 22 de agosto, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump solicitó a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI examine los materiales incautados de su casa en Florida hace dos semanas.
Esto hasta que se pueda designar a una autoridad especial para supervisar la revisión de la oficina.
La moción judicial de Trump fue presentada ante un tribunal federal en West Palm Beach, Florida.
También exige que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos le proporcione un recibo de propiedad a Trump que sea más detallado y describa los artículos que el FBI incautó en Mar-a-Lago, su casa de Florida, el 8 de agosto de 2022.
Así mismo pide a los investigadores que devuelvan cualquier artículo que no estuviera dentro del alcance de la orden de registro de la propiedad en Florida.
"No se puede permitir que la política afecte la administración de justicia. El (ex)presidente Donald J. Trump es el claro favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 y en las elecciones presidenciales de 2024", indicó el documento.
"La aplicación de la ley es un escudo que protege a los estadounidenses. No se puede usar como arma con fines políticos", añadió.
¿Publicar la declaración jurada?
El juez magistrado de Estados Unidos Bruce Reinhart ordenó al Departamento de Justicia que presente una versión editada de la declaración jurada antes del mediodía del próximo jueves 25 de agosto. Los fiscales tendrán la oportunidad de apelar si no están de acuerdo con la versión propuesta.
La declaración jurada justificó el allanamiento y la oportunidad de llevarse materiales incautados de la porpiedad de Florida.
A pesar de su oposición a publicar la declaración jurada, el Departamento de Justicia desveló la orden de registro y varios documentos legales que muestran que los materiales incautados por agentes del FBI en la casa de Trump son 11 conjuntos de registros clasificados.
Algunos de los documentos incautados estaban etiquetados como “altamente secreto” y suelen ser guardados en instalaciones gubernamentales especiales porque su divulgación podría dañar la seguridad nacional, otra de la razones por las que buscan que la declaración jurada permanezca anónima.
