Obtener la residencia legal permanente, más conocida como Green Card, es el sueño de cada migrante que llega al país norteamericano. Sin embargo, quienes han cometido determinados delitos y tienen antecedentes penales no pueden, en un principio, solicitar el documento, aunque hay casos en los que lo han conseguido.
Nuevos requisitos para el tramite visa
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puede negar al solicitante la Green Card, que le permite vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, si este ha cometido delitos agravados, ha estado implicado en drogas ilegales o ha cometido delitos que impliquen vileza moral. Los delitos agravados son:
- Asesinato
- Violación
- Pornografía infantil o abuso sexual de un menor.
- Presentación de declaraciones de impuestos no válidas.
- Lavado de dinero.
- Tráfico de drogas y de personas.
Pero hay otros casos en que, bajo un buen patrocinio legal y dependiendo del delito que cometió la persona, puede acceder a un perdón migratorio para limpiar su historial y luego poder solicitar la residencia legal permanente.
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Antecedentes penales y la Green Card
Cabe recalcar que cada caso es diferente, pero los antecedentes penales no siempre impedirán que un inmigrante obtenga un estatus legal. Una adecuada representación ante el tribunal penal y de inmigración es fundamental para conseguir la residencia.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en general, cualquier condena por posesión de drogas puede resultar en una denegación de entrada, en el caso de que el delito se haya cometido en el extranjero, por lo que no es elegible para la residencia. “Si la condena fue hace mucho tiempo, es posible que deba comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos en su país para obtener una exención. Otros delitos menores pueden resultar en la denegación de entrada si fueron recientes”, dice la Oficina.
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Sin embargo, si el delito se cometió dentro de Estados Unidos, el migrante debe obtener el acceso a sus registros federales con el objetivo de conocer cuáles exactamente fueron los cargos que se le imputaron y que así los abogados puedan trabajar para intentar anular o eliminar los delitos de su registro. Según la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), cualquier persona dentro de los Estados Unidos tiene el derecho de obtener acceso a registros federales, excepto cuando estos estén protegidos contra la divulgación pública por algunas exenciones relacionadas con el orden público o la seguridad nacional.
