Barcelona, España. Por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del delantero Neymar, el Ministerio Fiscal español solicita dos años de cárcel y 10 millones de euros para el brasileño y 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el expresidente del Barcelona Sandro Rosell.
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El juicio comenzará el próximo 17 de octubre, en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, durará hasta el 31 de octubre y en él comparecerán como acusaciones particulares el fondo brasileño DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil (FAAP).
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Hasta el momento del traspaso al Barcelona de Neymar, DIS era poseedor del 40% de los derechos económicos del jugador, luego del acuerdo que alcanzó en 2009 con el futbolista, ahora en el PSG, y a quien pagó el equivalente a 2 millones de euros.
Sin embargo, y aunque el Barcelona acabó desembolsando 25,17 millones al Santos por los derechos del jugador y otros 60 millones por diversos conceptos a N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar dirigida por el padre de Neymar, DIS solo percibió 6,8 millones, por su 40%.
Esta empresa reclama ahora una indemnización por daños y perjuicios de 150 millones de euros, 5 años de prisión para el jugador y otros 8 años de prisión para Rosell y Bartomeu, en ese tiempo vicepresidente del club culé.
También, la FAAP considera que, en aquella operación presuntamente fraudulenta entre el Barcelona y el Santos, también fueron vulnerados sus derechos, establecidos con fines sociales y consistentes en un pequeño porcentaje de los derechos de traspaso.
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También piden prisión para los papás de Neymar
Además de los involucrados están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide 2 años y 1 año de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.
También serán juzgadas por su participación en el caso tres personas jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y N & N Consultoría Esportiva, para los que la fiscalía solicita penas de multas de 8,4, 7 y 1,44 millones de euros, respectivamente.
