La relación de Andrés Manuel López Obrador con la prensa terminó marcada por la confrontación, pero una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley plantea que el problema pudo ir mucho más allá de los choques públicos entre el expresidente y sus críticos.
El expediente, construido durante varios años y centrado en el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, documenta asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, además de señalamientos desde Palacio Nacional, campañas de acoso digital, vigilancia y una elevada impunidad.
La investigación sostiene que, vistos en conjunto, estos elementos podrían constituir un patrón de persecución que merece un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional.
337 víctimas y una violencia que no puede ignorarse
De acuerdo con la metodología utilizada por los investigadores, durante el sexenio de López Obrador fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos: 337 víctimas en total.
El estudio advierte que la cifra por sí sola no es el argumento central. Lo que busca demostrar es la existencia de distintos mecanismos que habrían afectado a quienes realizaban una función de vigilancia sobre el poder público.
Desde las mañaneras, López Obrador señaló en repetidas ocasiones a periodistas. El análisis del expediente identificó 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias en los que el entonces presidente habría desacreditado o difamado a periodistas con expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
Además, ARTICLE 19 registró al menos 176 declaraciones estigmatizadoras del Ejecutivo durante 2022, señalado en la investigación como el año más mortífero para la prensa mexicana.
Del señalamiento al espionaje
El expediente también documenta acusaciones sobre campañas de acoso digital, amenazas, publicación de información privada y el uso de herramientas de vigilancia como Pegasus.
Según la investigación, un centro de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó Pegasus y otras tecnologías contra periodistas, defensores e incluso investigadores que supervisaban al gobierno, presuntamente sin autorización judicial.
Uno de los casos incluidos es el del periodista Fredid Román, quien había publicado una columna crítica sobre López Obrador y la investigación de Ayotzinapa. El expediente señala que su teléfono fue geolocalizado mediante un exploit y que al día siguiente fue asesinado a tiros frente a su casa.
También menciona el ataque contra Ciro Gómez Leyva, cuyo vehículo fue baleado después de que el periodista fuera señalado en una mañanera. El blindaje del automóvil permitió que sobreviviera.
La investigación no afirma que López Obrador haya ordenado cada uno de esos ataques. Su planteamiento es que asesinatos, vigilancia, acoso, señalamientos e impunidad deben analizarse conjuntamente para determinar si existió un ataque sistemático contra periodistas y defensores.