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Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco, Guerrero

El organismo internacional advirtió que el periodismo no puede seguir bajo la amenaza de la violencia e instó a proteger a los comunicadores en Guerrero.

La organización Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado el pasado sábado 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero. A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X, el organismo expresó su solidaridad con la familia, amistades, colegas y con el gremio periodístico que exige el esclarecimiento del crimen, advirtiendo que el ejercicio del periodismo no puede seguir desarrollándose bajo la amenaza constante de la violencia y la impunidad.

En su posicionamiento, Amnistía Internacional señaló que este homicidio ocurre en un entorno de persistentes agresiones contra quienes informan en México, situación que mantiene en riesgo tanto la libertad de expresión como el derecho de la sociedad a recibir información. Ante ello, dirigió una exigencia directa a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todas las personas responsables y garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.

Líneas de investigación prioritarias y llamado a garantizar seguridad en Guerrero

Dentro de las demandas planteadas a las autoridades ministeriales y de gobierno, la organización internacional subrayó aspectos específicos que deben atenderse tanto en el proceso judicial como en la protección preventiva de los comunicadores:

  • Labor informativa como móvil prioritario: Contemplar de manera central la actividad periodística de Eduardo Flores Salado como posible causa del homicidio.
  • Motivaciones discriminatorias: Mantener abiertas otras líneas de investigación sin descartar aquellas vinculadas con posibles actos de discriminación.
  • Protección estatal y federal: Adoptar medidas efectivas por parte de las autoridades de Guerrero y de la Federación para prevenir nuevas agresiones y resguardar a los periodistas en situación de riesgo.

Finalmente, Amnistía Internacional recalcó que la protección de quienes ejercen la labor informativa constituye una obligación ineludible del Estado mexicano y representa una condición indispensable para salvaguardar los derechos humanos y sostener una sociedad democrática.