El periodista Jorge García Orozco acudió a las instalaciones del Tribunal Electoral para presentar su defensa formal tras ser denunciado por violencia política contra las mujeres en razón de género por la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos. La reacción legal de la legisladora morenista se dio luego de que el comunicador sacara a la luz pública información sobre su patrimonio, donde exhibió que la funcionaria cuenta con cuatro propiedades registradas, destacando entre ellas una casa adquirida con un valor reportado de cero pesos.
García Orozco denunció públicamente que el uso de los mecanismos institucionales contra la violencia de género se está pervirtiendo para acallar la fiscalización ciudadana y el escrutinio de los recursos públicos. El periodista sostuvo que la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no constituye ningún tipo de agresión hacia la condición de mujer de la legisladora, sino que responde al derecho a la información sobre bienes que resultan inexplicables dentro de la función pública. Asimismo, advirtió que el objetivo de trasfondo de este tipo de demandas es quitarle tiempo valioso e intimidarlo para frenar sus investigaciones sobre los actos de opacidad y corrupción del régimen actual.
Una diputada de Morena, me demandó por violencia política de género y hoy acudí a defenderme.
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 2, 2026
La diputada @CandeOchoaA me acusa de violencia política por haber revelado sus 4 casas, una de ellas de 0 pesos. pic.twitter.com/IeqKGZlWhC
El uso de la figura de violencia política de género tras revelar casas de diputada
El caso de la diputada Candelaria Ochoa pone de manifiesto una práctica recurrente en la que funcionarios del oficialismo recurren a las instancias electorales para intentar bloquear la cobertura periodística sobre sus bienes. El señalamiento central planteado por el periodista gira en torno a la incongruencia patrimonial de los legisladores de la 4T, particularmente en el caso de inmuebles adquiridos sin costo aparente o reportados en ceros dentro de las plataformas oficiales de transparencia.
Ante las acusaciones, la defensa del periodista reiteró que los datos vertidos provienen del análisis de la información pública a la que está obligada cualquier representación popular. Mientras el proceso legal avanza en los tribunales electorales, diversos sectores del gremio periodístico advierten sobre el riesgo de crear un precedente de censura previa que impida investigar la evolución patrimonial de las y los políticos amparándose falsamente en figuras de protección de género.