La polémica que rodea el patrimonio de la diputada local de Morena en Jalisco, María Candelaria Ochoa Ávalos, ha escalado al terreno penal. El periodista Jorge García Orozco acudió formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado para interponer una denuncia por presunto peculado y enriquecimiento inexplicable contra la legisladora.
La denuncia surge tras una investigación periodística que cuestiona el origen de los recursos para adquirir diversas propiedades, señalando un dato alarmante en su declaración patrimonial: una finca que habría sido adquirida por un valor de "cero pesos" en el año 2017. Según el denunciante, este movimiento contable es una inconsistencia que el Sistema Estatal Anticorrupción debe esclarecer de inmediato.
De las amenazas a la Fiscalía: El caso de #LadyCasas
García Orozco señaló que esta acción legal es una respuesta a las advertencias de la diputada, quien en semanas previas amenazó con denunciarlo por haber hecho pública la lista de sus inmuebles. "Vine aquí a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar a la diputada Candelaria Ochoa... exijo que la investiguen a ella por el delito de peculado y de enriquecimiento inexplicable por su casa de 0 pesos", afirmó el periodista a las afueras de la institución.
Tras un proceso de casi dos horas para formalizar el documento y realizar las adecuaciones técnicas necesarias, la denuncia quedó asentada. El comunicador bautizó a la funcionaria como "Lady Casas", subrayando que la autoridad debe resolver si existe una responsabilidad penal por la posesión de inmuebles que no coinciden con sus ingresos declarados.
Bajo la lupa del Sistema Anticorrupción
Este nuevo escándalo pone a Morena en Jalisco en una posición defensiva, pues la acusación toca una de las fibras más sensibles de la actual administración: el enriquecimiento de sus funcionarios. Hasta el momento, la diputada Candelaria Ochoa no ha emitido un pronunciamiento técnico que explique la adquisición de la finca por valor nulo, limitándose a señalar que se trata de una campaña de desprestigio.
La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación formal que obligue a la legisladora a transparentar, peso por peso, cómo construyó su patrimonio inmobiliario.
