A más de dos años del horrendo crimen que conmocionó al país y exhibió la descomposición social en Guerrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo sentencias condenatorias de 67 años y 6 meses de prisión contra José Ricardo "N" y Axel Alejandro "N" por el feminicidio de la niña Camila, de ocho años de edad, identificada institucionalmente bajo el seudónimo de "Angelito".
El Tribunal de Enjuiciamiento dictaminó la pena máxima en la audiencia de individualización de sanciones, imponiendo además a los agresores una multa económica de 81 mil 422 pesos y el pago de más de 5 millones 75 mil pesos por concepto de reparación integral del daño.
Los trágicos hechos ocurrieron en marzo de 2024 en el barrio de La Florida, en el municipio de Taxco de Alarcón, donde la menor fue secuestrada y posteriormente localizada sin vida, desencadenando una ola de indignación popular y protestas masivas. Con este fallo, la FGE suma un total de tres sentencias condenatorias por el caso: las dos impuestas a los adultos involucrados y una resolución previa dictada en agosto de 2024 contra un adolescente coautor del crimen, a quien se le aplicó la pena máxima de cinco años de internamiento permitida por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Como resultado de los trabajos de investigación realizados por la #FGEGuerrero, se obtuvieron sentencias condenatorias de 67 años y 6 meses de prisión para José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, cada uno, por el feminicidio de una víctima menor de edad con el seudónimo de… pic.twitter.com/FnBmXXag9Y
— Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 20, 2026
Disculpa pública municipal: El histórico freno a la revictimización institucional
Más allá de las severas penas privativas de la libertad, el órgano jurisdiccional emitió una medida cautelar sin precedentes al ordenar a las autoridades municipales de Taxco de Alarcón ofrecer una disculpa pública formal a la madre de la menor. Esta resolución busca reparar las agraviantes declaraciones vertidas en su momento por mandos de la policía local y funcionarios municipales, quienes tras la tragedia intentaron deslindarse de la omisión de seguridad culpando a la madre por "no haber cuidado a su hija".
La orden judicial sienta un precedente clave contra la violencia institucional y la reproducción de estereotipos de género en Guerrero. Al exigir que las autoridades locales reconozcan públicamente su responsabilidad y el daño moral infligido a la familia, el tribunal condena el actuar de las dependencias que revictimizaron a la madre en lugar de brindar protección expedita, marcando un hito en la exigencia de imparcialidad y dignidad para las víctimas de feminicidio en la entidad.