La herida abierta de Segalmex: Un desfalco sin castigo y la promesa de justicia en el limbo

El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha convertido en un símbolo de impunidad que sigue generando debate. Lo que prometía ser una herramienta para garantizar alimentos a bajo costo para las familias más vulnerables, se transformó en un “costal de desfalcos millonarios”. Este escándalo, que ha sido minuciosamente documentado, sigue sin resolverse, dejando una profunda herida en la confianza pública.

Según la investigación de los periodistas Georgina Zerega y Zedryk Raziel en su libro “Licencia para robar”, la red de corrupción en Segalmex desvió casi 11 millones de pesos diarios durante los 1,453 días que Ignacio Ovalle estuvo al frente de la dependencia. Esta cifra no solo refleja la magnitud del desfalco, sino también la rapidez con la que se dilapidaron los recursos públicos.

Los autores señalan que el esquema de corrupción involucró a funcionarios de alto nivel, algunos de los cuales hoy forman parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto, junto con la protección política que rodeaba a los involucrados, ha dificultado el avance de las investigaciones. Zedryk Raziel explica que figuras clave como Ignacio Ovalle, cercano al expresidente, fueron “dejadas a un lado”, lo que evidencia un manto de impunidad que ha protegido a los mayores responsables del desfalco.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos en los primeros dos años de operación de Segalmex. A pesar de la evidencia, el caso sigue “en el limbo de la justicia”. La investigadora en corrupción Anaid García apunta a los “altos niveles de impunidad” que prevalecen en el país, ya que ni siquiera casos tan emblemáticos como el de Segalmex han sido atendidos debidamente.

Hasta el día de hoy, no se ha emitido ninguna sentencia contra los principales responsables, a pesar de que los recursos desviados debieron ser utilizados para un fin social. Esto alimenta la percepción de que la justicia no aplica para todos por igual, afectando directamente a las familias más necesitadas que debían ser las beneficiarias de este programa.