El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Fiscal capitalino que incorpora a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) al régimen de control vehicular, una medida que contempla nuevos pagos para quienes utilicen este tipo de alternativas de movilidad.
La aprobación ocurrió entre cuestionamientos del Grupo Parlamentario del PAN, cuyos integrantes señalaron que ordenar la circulación de estos vehículos es necesario, pero consideraron que la regulación no debería convertirse en una nueva fuente de cobros para los habitantes de la capital.
De acuerdo con el dictamen referido durante la discusión, entre los conceptos contemplados se encuentra un pago de hasta 750 pesos por el alta vehicular y de 470 pesos por refrendo. También se establecen cuotas para otros trámites relacionados con el registro y control de estas unidades.
¿Qué vehículos contempla la reforma?
La modificación alcanza a los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, categoría en la que se encuentran distintos medios de transporte de propulsión eléctrica utilizados para desplazamientos cotidianos.
Entre ellos están los scooters, bicicletas eléctricas y motobicicletas, de acuerdo con la descripción incluida en el dictamen citado durante el debate.
La intención de incorporar estas unidades al esquema de control vehicular está relacionada con la necesidad de contar con mecanismos de identificación y registro ante el crecimiento de estas opciones de movilidad en la Ciudad de México.
Para el PAN el problema no se limita al registro. Federico Chávez sostuvo durante la discusión que también es necesario definir con mayor claridad las condiciones bajo las cuales estos vehículos deben circular, particularmente respecto a su uso en ciclovías o en el arroyo vehicular.
El legislador señaló que existe coincidencia en la necesidad de establecer reglas, aunque cuestionó que el mecanismo elegido implique nuevas cargas económicas.
Los cobros que generaron el reclamo
Uno de los principales puntos señalados por la oposición fueron las cuotas previstas para distintos trámites.
Ricardo Rubio mencionó durante el debate un pago de 750 pesos por alta vehicular y otro de 470 pesos por refrendo. A ellos se sumarían 325 pesos por reposición o cambio de propietario, 300 pesos por permiso y 490 pesos por baja, según lo expuesto por el legislador.
El planteamiento del PAN es que la discusión debería centrarse primero en qué problema de movilidad y seguridad vial resolverá la reforma y, a partir de ello, determinar si los cobros tienen una justificación.
Chávez cuestionó precisamente que una política destinada a ordenar nuevas formas de transporte termine teniendo también un componente recaudatorio.