El debate por la regulación del arrendamiento llegó al Congreso de la Ciudad de México en medio de severos cuestionamientos contra la iniciativa impulsada por el Gobierno capitalino, ya catalogada por analistas y la oposición como una política de “rentas injustas”. Aunque la propuesta busca topar los aumentos anuales al porcentaje de la inflación, la “letra chiquita” del dictamen impone esta restricción incluso ante un cambio de inquilino. Abogados constitucionalistas calificaron la medida como un golpe absurdo a la propiedad privada que vulnera el acuerdo de voluntades entre particulares, advirtiendo que en los hechos se traducirá en un congelamiento de precios que desincentivará la inversión inmobiliaria.
Pese al rechazo de la bancada del PAN, que advirtió que topar costos por decreto provocará una escasez de oferta y encarecerá aún más las opciones de vivienda en la capital, Morena alista el uso de su mayoría parlamentaria para aprobar la reforma. Legisladores de oposición y especialistas hicieron un llamado a los propietarios y a la ciudadanía a alzar la voz ante las afectaciones que generará la medida, señalando que perjudicará tanto el patrimonio de los arrendadores como las oportunidades de alquiler para los propios ciudadanos.