Mientras millones de pacientes enfrentaban el desabasto de medicamentos, empresas vinculadas a operadores cercanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrían obtenido contratos millonarios para abastecer al sector salud.
Para ese entonces, el gobierno presumía que el sistema de salud mexicano iba a ser mejor que el de Dinamarca, pero tras bambalinas se gestaba una red de corrupción.
Según el colectivo Desabasto, entre 2019 y 2023 se acumularon más de 82 millones de recetas sin surtirse, con daños a la salud de millones de personas en México.
El desabasto de medicamentos: los primeros en resentir el golpe a la salud
A principios de 2020, madres y padres de menores con cáncer marcharon y tomaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para protestar por la falta de oncológicos y antibióticos.
Manifestaciones que continuaron hasta 2025. En medio de estas protestas, también se denunció un sobrecosto en medicamentos de más de 13 mil millones de pesos.
En su momento, AMLO sostuvo que el desabasto era consecuencia de haber roto el monopolio de distribuidores corruptos, pero en realidad habría sido una presunta tapadera para asegurar contratos con la red de amigos de sus hijos, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán.
La red del malestar y su llegada al sector salud
Antes de que López Obrador se ciñera la banda presidencial, esta red ya había detectado los negocios que podían hacerse con el Estado. Después se colocaron operadores en puestos clave y, con el tiempo, multiplicó la corrupción que existía en esas dependencias.
Entre otros sectores, penetró justamente el de la salud, empezando por Alejandro Calderón Alipi, responsable de compras del IMSS y del IMSS-Bienestar.
Pero fuera del gobierno de la 4T, también aparece el nombre de Jorge Amílcar Olán, el operador financiero del grupo. Se suman César Calderón Alipi, socio de Olán y hermano de Alejandro Calderón Alipi; Aldo Díaz Pérez y Alfonso Dagnino, proveedores de medicamentos, y Fernando Bilbao Arrieta, socio de Díaz y yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
El inicio de la red del malestar
El 21 de septiembre de 2019, en Yucatán, el entonces presidente señaló a Alejandro Calderón como el principal encargado de la distribución de medicamentos en el país.
“Van a llegar las medicinas a todos los pueblos y ya hay un responsable para esto particular. Está aquí el doctor Alejandro Calderón Alipi, que él es el responsable de que no falten los medicamentos”, así fue como lo anunció el expresidente tabasqueño.
A partir de 2020, cuando asumió las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), aparecieron cuatro patrones muy irregulares.
- Eliminación de las licitaciones y concursos: en su lugar se impuso la adjudicación directa, sin importar si las distribuidoras eran solventes o si tenían experiencia en el sector farmacéutico.
- Contratos millonarios a empresas creadas justo con la llegada de Calderón Alipi al Insabi, es decir, después de 2020.
- Sociedades que cambiaron súbitamente su objeto social con el solo propósito de vender medicamentos.
- Venta de productos que no tenían registro sanitario.
La Unidad de Investigación de Azteca Noticias analizó los contratos de 24 empresas que incurrieron en estos patrones. Entre 2020 y 2025, suman más de 9 mil 234 millones de pesos, y una parte importante fue a parar justo a las distribuidoras relacionadas con la red del malestar.
Los tres conglomerados que habrían obtenido contratos millonarios
Varios medios han confirmado tres conglomerados que se habrían beneficiado y que, en conjunto, habrían vendido medicamentos al Estado por cerca de 3 mil 220 millones de pesos.
- El primero estaría vinculado a Amílcar Olán, con contratos por 834 millones de pesos entre 2020 y 2024.
- El segundo, encabezado por Roberto y Alfonso Dagnino, también ligados a Olán, obtuvo contratos por 806 millones de pesos.
- Y el tercero, de Aldo Díaz Pérez y Fernando Bilbao Arrieta, el yerno de la gobernadora de Veracruz, hizo negocios por 280 millones de pesos.
Sin conexiones políticas, no habrían podido obtener estas asignaciones en el IMSS, el Insabi, el IMSS-Bienestar o en las secretarías estatales de Salud.
Empresas recién creadas y contratos por cientos de millones
Durante su gestión nació Materiales SVG y Abastecedora de Medicinas y Materiales, ambas pertenecientes al grupo de Aldo Díaz.
Sus empresas obtuvieron más de 760 adjudicaciones directas, mientras Materiales SVG por sí sola, recibió 509 millones de pesos entre 2021 y 2023.
Romedic, de Olán, también se fundó tras su llegada y en dos años vendió 490 millones de pesos al Gobierno. Biosistemas de Seguridad Privada, de los Dagnino, había sido constituida en 2009, pero se mantuvo inactiva hasta que Calderón Alipi aterrizó en el IMSS. Desde entonces acumuló contratos por 464 millones de pesos.
Poyago, de Amílcar Olán, nació como ferretera. Después cambió su objeto social y ganó 20 asignaciones directas por más de 340 millones de pesos.
El gasto en medicamentos creció y el desabasto continuó
En resumen, no se combatió la corrupción, sino que la nueva red resultó más corrupta que la anterior. El gasto no bajó, sino que creció, y el desabasto causó un daño enorme a millones de pacientes.
Aun así, Calderón Alipi pasó del INSABI a las compras del IMSS-Bienestar y después a la Secretaría de Salud en Tabasco.
Una red del malestar que lo protege y, como al resto de sus integrantes, le ofrece impunidad. Porque mientras ellos gozan de sus contratos, los mexicanos padecemos en nuestro sistema de salud.