El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán acepta analizar la demanda promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera parte del llamado “Plan B”.
El organismo autónomo denunció ante el máximo tribunal la posible invasión de sus facultades legales
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo de Pérez Dayán.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también admitió a trámite la controversia que, por las mismas reformas, interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, aunque decidió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó.
Esta es la primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, de un total de 125 Plan Bsimilares que gobiernos estatales y municipales han presentado ante la SCJN.
