No poder poner un altar de muertos porque no hay un cuerpo; esto es lo que viven miles de madres, padres, hermanas, hermanos, familiares y amigos de personas desaparecidas o cuerpos sin identificar. Detrás de las puertas de los servicios periciales y de los anfiteatros del país se acumula una cifra silenciosa que duele: miles de personas fallecidas permanecen atrapadas en el anonimato, sin una identificación oficial que permita devolverlas a sus hogares.
Durante el último año evaluado por el INEGI, las fiscalías y los servicios médicos forenses recibieron un total de 97 mil 920 cadáveres, evidenciando la constante y brutal presión operativa que enfrentan las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el territorio nacional.
El laberinto forense y la saturación de los anfiteatros
Lejos de encontrar un camino ágil hacia la identificación humana, la realidad en los anfiteatros y centros de resguardo forense se traduce en saturación y estancamiento. Los datos oficiales revelan que, de los miles de cuerpos que ingresan sin nombre, una porción alarmante termina acumulada en las planchas y depósitos del Estado.
Al cierre del periodo, el recuento institucional contabilizó 10 mil 770 cadáveres almacenados en los anfiteatros de todo el país, acompañados por miles de segmentos corporales, fragmentos óseos y restos humanos sin clasificar que rebasan por completo la capacidad técnica de los laboratorios forenses.
Esta acumulación prolongada genera un cuello de botella insostenible en las unidades estatales y federales. Cuando las familias de personas desaparecidas acuden a buscar a sus seres queridos, se enfrentan a un laberinto burocrático donde los procesos de confrontación genética y dictámenes periciales caminan a un ritmo sumamente lento.
En lugar de ofrecer respuestas claras, el sistema condena a los restos a un limbo institucional donde los protocolos científicos fallan en cumplir con su objetivo más elemental: devolver la identidad y la paz a los dolientes.
En cuanto a los egresos de cuerpos no identificados, en el documento del INEGI se detalla que tres mil 169 fueron almacenados en anfiteatros y mil 713 fueron inhumados en fosas comunes individuales, formando parte de los miles de casos procesados por las unidades estatales y la FGR
El dolor suspendido frente a la omisión institucional
La crisis en los servicios periciales no es solo un problema de falta de espacio físico, sino el reflejo de un rezago estructural en la investigación y en el resguardo de restos humanos. Mientras una parte de los cuerpos no identificados termina inhumada en fosas comunes individuales o en centros especializados, miles de familias cargan con la incertidumbre crónica de no saber el paradero de sus seres queridos. La imposibilidad de honrar a quienes han perdido la vida vulnera de manera sistemática los derechos humanos más básicos de las víctimas indirectas.
Aceptar esta realidad implica reconocer que la infraestructura forense en México se encuentra rebasada por la violencia cotidiana. Sin un presupuesto suficiente, protocolos homologados de identificación y laboratorios con capacidad real de procesamiento, los anfiteatros seguirán siendo el almacén de un dolor que el Estado no ha podido resolver, dejando a miles de personas en una espera interminable que vulnera la dignidad hasta el último momento.