El debate sobre el acceso al espacio habitable en la capital derivó en un ejercicio meramente formal tras la realización del tercer foro sobre la iniciativa de Ley de Rentas Justas. El encuentro tuvo lugar en la sede del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en el Zócalo capitalino, bajo la conducción de los diputados de Morena, Emilio Guijosa y Alberto Martínez Urincho. A pesar de la relevancia del tema para miles de inquilinos, la sesión duró menos de una hora y careció de confrontación de ideas o análisis profundo del mercado inmobiliario.
A la cita acudieron alrededor de 50 personas, quienes en lugar de presentar cuestionamientos técnicos, señalar deficiencias o manifestar inconformidades sobre el proyecto legislativo, dedicaron sus intervenciones a felicitar a los organizadores. En representación del Gobierno de la Ciudad de México asistieron Antonio Vázquez, de la Consejería Jurídica; María Silvia Emmanuelli, titular de la Secretaría de Vivienda; y Emanuel León, director general de Política Urbanística en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Los servidores públicos centraron sus discursos en respaldar la propuesta oficialista, sosteniendo que la regulación otorgará supuestamente una mayor certeza jurídica a las personas jóvenes que intentan arrendar un inmueble en la urbe.
Iniciativa de Ley de Rentas Justas y las críticas de simulación de sus foros
La discusión de la Ley de Rentas Justas se enmarca en la presentación de iniciativas en el parlamento local encaminadas a modificar las condiciones de arrendamiento y contener el encarecimiento de la vivienda en renta en la CDMX. El proyecto impulsado por la bancada mayoritaria busca establecer mecanismos de control y topes a los incrementos anuales en los contratos de alquiler, un tema prioritario en la agenda del Gobierno capitalino para mitigar la gentrificación y el desplazamiento en diversas zonas de la capital.
Para socializar la propuesta, el Congreso de la Ciudad de México programó una serie de encuentros parlamentarios con la finalidad de escuchar a los sectores involucrados. Sin embargo, el formato de estos foros de consulta ha generado críticas debido a la brevedad de las sesiones y al sesgo de las participaciones. La falta de pluralidad, la escasa presencia de colectivos de inquilinos con posturas críticas y la ausencia de representantes del sector inmobiliario han transformado estas mesas de trabajo en espacio de autoelogios institucionales, dejando de lado la revisión minuciosa del articulado antes de su eventual dictaminación en comisiones.