El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), creado con la promesa de transformar los bienes confiscados a la delincuencia y la corrupción en beneficio social, se ha convertido en un “elefante blanco” que genera más dudas que resultados. Aunque su visión inicial era devolver mansiones, vehículos de lujo y millones de pesos a la gente, los números y la opacidad en sus operaciones cuentan una historia diferente.

“Todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción, autos, ranchos, residencias, dinero, se le va a devolver a la gente”, expresó en su momento el expresidente López Obrador.

Un gasto millonario para ingresos insignificantes del INDEP

Según cifras recientes, el INDEP ha recibido un presupuesto de 3 mil 724 millones de pesos solo este año. Sin embargo, su capacidad para generar ingresos ha sido mínima. Expertos señalan que los fondos recuperados están lejos de justificar los costos operativos. Por ejemplo, una de las últimas subastas apenas generó 40 millones de pesos, una cifra que no alcanza ni el 1% de su presupuesto anual.

La falta de transparencia es una de las principales críticas. A pesar de que la ley lo obliga a rendir cuentas, el INDEP ha sido calificado como una “caja negra”. Sus informes anuales son inaccesibles o simplemente no detallan las subastas realizadas, los montos recuperados y el destino final de esos recursos.

Una “caja negra” con un déficit de mil millones de pesos

Desde 2021, el Instituto ha devorado más de 14 mil 200 millones de pesos en presupuestos. De este monto, más de 9 mil millones aparecen en los estados financieros con un vago etiquetado de “otros gastos”, sin especificar su destino. Esta falta de claridad ha encendido las alarmas entre especialistas que denuncian una operación con pérdidas significativas.

Al cierre de 2024, el INDEP presenta un déficit de casi mil millones de pesos. Esta herencia, un “agujero” financiero, continuará siendo costeada por los contribuyentes mexicanos, quienes esperaban ver los bienes robados transformados en beneficios tangibles para sus comunidades.

Una herencia maldita que seguiremos pagando los mexicanos.