La Fiscalía del Estado de Tabasco se encuentra en el centro de la polémica tras las denuncias de especialistas en seguridad por supuesta complicidad en la supervisión del exgobernador Adán Augusto López.
Se le atribuye no haber fincado responsabilidades a funcionarios bajo su mando que incurrieron en irregularidades graves, pese a contar con alertas de inteligencia y denuncias previas.
Adán Augusto y la supervisión de Hernán Bermúdez Requena
De acuerdo con expertos, López habría fallado en la supervisión de Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró Secretario de Seguridad Pública a pesar de antecedentes de señalamiento en su contra.
“Es evidente que falló, no solo en la selección de Bermúdez Requena, sino también al mantenerlo en el cargo incluso después de que surgieron irregularidades, como peculado, cohecho, conflicto de intereses y abuso de autoridad” apuntó Manuel Balcázar, especialista en seguridad.
Cabe señalar que la Ley de Responsabilidades Administrativas de Tabasco establece que los funcionarios tienen la obligación de supervisar que quienes están bajo su dirección no cometan delitos.
Sin embargo, Bermúdez Requena operó sin obstáculos, incluso cuando los servicios de inteligencia militar ya lo vinculaban como líder del grupo criminal La Barredora, que por años operó con total impunidad.
Fiscalía de Tabasco habría incurrido en omisiones
Balcázar advierte que la falta de acción podría implicar delitos de asociación delictuosa y, posteriormente, otras conductas como fraude, lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La omisión prolongada por parte de la Fiscalía del Estado ha encendido las alertas sobre la imparcialidad del aparato de justicia, que se supone está para proteger a los habitantes.
“El caso de Adán Augusto López se está manejando al límite de la legalidad, rayando ya con la ilegalidad por la protección y la omisión cómplice en favor de un proyecto político,” añadió Balcázar.
Un manto protector que preocupa a Tabasco
Analistas señalan que existe un manto protector proveniente desde Palenque, que mantiene a la Fiscalía y al Congreso estatal en alerta y evita cualquier acción legal contra López.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza, pues evidencia cómo intereses políticos pueden afectar la imparcialidad judicial.
