Tras mantenerse bajo reserva institucional argumentando motivos de seguridad nacional, la Secretaría Anticorrupción hizo pública finalmente la declaración patrimonial del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. El documento, presentado el pasado 30 de mayo de 2026 y liberado apenas este día, echó por tierra el discurso oficial que sostenía que el almirante se encontraba completamente retirado de la vida pública.
La versión pública confirma que Ojeda permanece en activo dentro de la Secretaría de Marina (SEMAR) desde el 1 de octubre de 2024, desempeñándose con la plaza SM04 como asesor del actual titular de la dependencia, percibiendo un ingreso neto anual de 2 millones 40 mil pesos durante el ejercicio 2025.
Sin embargo, el desglose de su patrimonio genera serios cuestionamientos sobre la veracidad de la información presentada ante los órganos de fiscalización. A pesar de haber declarado dos pasivos hipotecarios millonarios contratados en 2020, uno con Banjército por 4.5 millones de pesos y otro con el ISSFAM por 1.8 millones, sumando un endeudamiento superior a los 6.3 millones de pesos, el exfuncionario no reportó la propiedad de un solo inmueble o terreno.
Sumado a esta incongruencia, Ojeda manifestó no contar con ingresos por inversiones, empresas o venta de bienes, reportando como único vehículo registrado una camioneta Mitsubishi Endeavor modelo 2009 adquirida hace 17 años, en un reporte que reaviva las dudas sobre los criterios de transparencia en los altos mandos militares.
Un patrimonio sin propiedades pero con pasivos millonarios
El contraste entre las deudas adquiridas y los bienes inmuebles asentados en la plataforma anticorrupción coloca nuevamente al exsecretario bajo la lupa de los analistas y la opinión pública. Resulta inverosímil que un servidor público que ha mantenido cargos de alta dirección militar disponga de créditos hipotecarios vigentes por más de 6 millones de pesos ante instituciones de las Fuerzas Armadas sin que se refleje la titularidad de las propiedades correspondientes dentro de su haber patrimonial.
Asimismo, la apertura del expediente dejó al descubierto las contradicciones entre las versiones emitidas por el gobierno federal y la realidad operativa de las dependencias de seguridad. Mientras se afirmaba que el almirante había pasado al retiro, la nómina de la SEMAR confirma su vigencia como asesor de alto nivel. La opacidad que rodeó la reserva del documento hasta enero de 2030 y su posterior y obligada divulgación incrementan las sospechas sobre posibles omisiones en la fiscalización de las fortunas de los morenistas en el país.