En una declaración que ha sacudido la opinión pública, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, admitió durante su programa semanal transmitido en redes sociales que la popularidad ya no es suficiente para alcanzar un cargo de elección popular. Según la mandataria, el sistema político actual se ha degradado a tal punto que, para competir, se requieren recursos económicos desorbitados, "padrinos" de alto nivel o, en el extremo más alarmante, vínculos con el narcotráfico.
Sansores, conocida por su estilo confrontativo, dejó de lado el discurso institucional para describir una realidad que muchos sospechan pero pocos en el poder se atreven a aceptar. "Casi que tienes que ser narco o tener muchos padrinos", sentenció la gobernadora al referirse a las barreras de entrada para quienes aspiran a una candidatura en el México.
El fin del candidato ciudadano: Dinero y "padrinos" por encima del voto
La gobernadora lamentó que el acceso a los cargos públicos ya no sea un terreno parejo para los ciudadanos. Recordó que, en otros tiempos, la falta de recursos no era un impedimento absoluto para participar en la vida pública; sin embargo, hoy la situación ha dado un giro radical.
"Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera puede, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos. Es complicado", confesó Sansores. Estas palabras sugieren que el liderazgo social y el respaldo del pueblo han sido desplazados por el poder del dinero y los intereses de grupos fácticos que operan en las sombras de los partidos políticos.
La sombra del narcotráfico en las boletas: ¿Una confesión de parte?
Aunque la gobernadora no señaló casos específicos, sus menciones al narcotráfico y a los "padrinos" como requisitos de competencia electoral elevan el tono de la discusión sobre la infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos. Al venir de una gobernadora en funciones y cercana al proyecto oficialista, la declaración adquiere una dimensión de denuncia interna sobre el estado de la democracia mexicana, donde el financiamiento ilícito parece haberse convertido en el "boleto de entrada" para la boleta electoral.
