La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años e impuso una multa resarcitoria de más de 19 millones de pesos a la exsecretaria de Cultura durante la administración de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda.
De acuerdo con la SFP, Cepeda, junto con el exOficial Mayor y la exdirectora General de Administración de la Secretaría de Cultura, habría provocado un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto “Museo de Museos” que nunca se concretó.
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En un comunicado detalló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exservidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado.
Sin embargo, no tenían la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.
Uno de los donativos fue por 50 millones de pesos, en marzo de 2017 y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, “causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”.
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Por ello, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y una multa de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas exservidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad.
El procedimiento sancionatorio inició luego de que en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.
María Cristina García Cepeda es la segunda secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública.
La primera fue Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
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