Senado aprueba en comisiones el “plan B"; oposición acusa ilegalidad y retrocesos

Con la ausencia de senadores del PT, las comisiones del Senado dieron luz verde al llamado “plan B” de la reforma electoral enviada por la presidenta de la República. La aprobación se concretó con 23 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, en una sesión marcada por el choque de posturas entre oficialismo y oposición.

Los legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra y calificaron la propuesta como un intento de modificar reglas clave del sistema electoral sin los consensos necesarios. Desde la oposición, se advirtió que la iniciativa busca abrir la puerta para que la revocación de mandato se realice el mismo día de la jornada electoral del próximo año, lo que, aseguran, podría influir en el equilibrio de la contienda.

Durante la discusión en comisiones, senadores del PRI insistieron en su rechazo a la reforma. La senadora Claudia Anaya argumentó que el proyecto implica una intromisión del gobierno federal en facultades que corresponden a los estados y a sus congresos locales, particularmente en lo relacionado con el manejo presupuestal.

De acuerdo con su postura, la propuesta “trastoca la Constitución y el federalismo”, ya que plantea disposiciones que, en su opinión, deberían ser competencia exclusiva de la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos. También señaló como problemática la redistribución de regidores, al considerar que vulnera la soberanía de las entidades federativas.

Asimismo, la legisladora cuestionó la constitucionalidad de un artículo transitorio que plantea reducir el presupuesto del Senado, lo que, dijo, representa una medida improcedente dentro del marco legal vigente.

Por su parte, los senadores del PAN reiteraron su rechazo frontal a la iniciativa. El senador Marko Cortés señaló que se trata de la primera reforma electoral en décadas que se impulsa sin el consenso de las fuerzas políticas, lo que calificó como un retroceso democrático.

También criticó que, bajo el argumento de eliminar privilegios, la propuesta podría derivar —según su visión— en beneficios indebidos para la titular del Ejecutivo, particularmente en el contexto de una eventual consulta de revocación de mandato.

Además, sostuvo que la reforma no atiende temas de fondo como la sobrerrepresentación en el Congreso ni establece mecanismos efectivos para impedir la entrada de recursos ilícitos en campañas electorales.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será turnado al pleno del Senado, donde se anticipa un debate intenso. Mientras el bloque oficialista defiende la reforma como un ajuste necesario, la oposición mantiene su postura de rechazo, argumentando riesgos para el equilibrio institucional y el marco constitucional.

El futuro de esta iniciativa dependerá ahora de su discusión y votación en el pleno, en un contexto político polarizado que podría definir el rumbo de las reglas electorales en el país.