Jueces aperciben a consejeros del INE si desacatan suspensión de la Reforma Judicial

Un segundo apercibimiento se emitió para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla con la suspensión contra la reforma judicial ordenada por el juez federal Francisco Javier García Contreras, con sede en Colima, quien en octubre pasado multó a cada uno de los consejeros con un monto superior a los 54 mil pesos.

En esta ocasión se les apercibió a que si en un plazo de 24 horas contado a partir de que sean notificados no cumplen, volverá a multarlos y dará vista al Ministerio Público de la Federación para que determine lo conducente que podría ser desde la destitución hasta cárcel, por desacato.

Agregó que desde el inicio del juicio de amparo promovido por la Fundación Iris en Defensa de los Derechos Humanos contra la reforma judicial se emitió una suspensión en la se ordenaba detener el proceso legislativo, el cual continuó, la demandante presentó una ampliación en la que pidió que también se suspendiera el proceso de votación para jueces, magistrados y ministros, pero el INE ha incumplido.

“Me vuelven a contestar y en este segundo requerimiento, me vuelven a hacer alusiones falacias y evasivas para cumplir la suspensión, entonces estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral por conducto de sus consejeros a que me cumplan la suspensión, lo cual deben hacer en un plazo de 24 horas a partir de que se nos notifique, si no lo hacen impondré esa multa y daré vista al agente del ministerio público” apuntó el juzgador.

Lo anterior se informó durante la conferencia matutina de los jueces, realizada este viernes, en la que también hablaron sobre la audiencia realizada el pasado 12 de noviembre en Washington, Estados Unidos, en la sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

Dijeron que es el resultado de las acciones realizadas por más de mil juzgadores mexicanos, agrupados en distintas asociaciones que consideran que la reforma judicial viola principios consagrados en tratados internacionales que prohíben el cese masivo de jueces y magistrados, por lo tanto, hicieron del conocimiento al organismo internacional sobre la situación que prevalece en México.

Además, reiteraron que los jueces son la representación del pueblo, pues la mayoría de los jueces y magistrados federales son emanados de clases bajas y medias bajas que han completado la totalidad su formación académica en escuelas públicas, muchos son los primeros profesionistas de su familia y sus padres han sido gente dedicada a oficios y no tienen antecedentes de haber laborado en áreas judiciales.

“Ahorita México cuenta con juzgadores federales que conocen al pueblo que salieron del pueblo, pero la lógica electoral que se plantea en la reforma judicial no va a llevar a gente del pueblo sino gente de interés político y partidario”, dijo la Magistrada Federal, Edna Lorena Hernández, quien también advirtió el riesgo de que gente sin experiencia en el campo del derecho y la impartición de justicia resuelvan sobre temas delicados como el ámbito penal o administrativo.

Los juzgadores del Colectivo Artículo 41 hablaron sobre la preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el avance de la Reforma Judicial, y ahora también sobre las recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

El juez Francisco Javier García Contreras explicó cuál es la situación de las múltiples suspensiones provisionales que han sido violentadas para seguir con la Reforma al Poder Judicial, encabezadas por el gobierno federal y el Senado, quienes en un principio no hicieron caso a los mandatos judiciales.

“Las asociaciones civiles, que tienen en su objeto social la defensa de derechos humanos, promovieron un juicio de amparo donde reclamaron, desde un inicio, el proceso legislativo para lo que yo llamo “dizque Reforma Judicial ”. Se concedió la suspensión para que en su momento no avanzaran las autoridades demandadas (Presidencia y Cámaras de Diputados y Senadores), lo cual lamentablemente aconteció”, explicó como contexto el juez.

Sobre el tema de la reforma constitucional que propone ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que se encuentran en el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Magistrado de Circuito, Rogelio Alanís, informó que existen dos condenas de la CIDH, en las que la instancia internacional dijo que la prisión en automático es inconvencional por ser contraria a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, ya que violan la presunción de inocencia al meter a la cárcel de forma automática a personas que aún no han sido procesadas y sentenciadas, lo que podría traer problemas al Estado Mexicano en el ámbito internacional

“Si México incumple con una sentencia de la Corte Interamericana, pues termina enfrentándose a la Organización de Estados Americanos, es decir a todos los Estados de la región y puede pasar si se lleva esto al extremo, que termine siendo México un paria en el entorno internacional, lo cual nunca es conveniente para la gente que repito es lo más importante, ni tampoco para su economía”, señaló.